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El Consell acepta que Rajoy controle sus presupuestos pero exige más financiación

El Ejecutivo valenciano condiciona el techo de gasto para las autonomías a que sus recursos por habitante se igualen al resto de comunidades "No somos ciudadanos de segunda. Queremos lo mismo que el resto de españoles", afirma Fabra

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J. G. G./AGENCIAS VALENCIA/MADRID ¿Techos de gasto y control previo de los presupuestos autonómicos? De acuerdo, pero que las reglas de juego, léase la financiación, sean iguales para todos y que se dé solución a la grave crisis de deuda que atraviesan las comunidades. Este el planteamiento que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y el de Economía, Enrique Verdeguer, trasladaron ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión que éste mantuvo en Génova (sede del PP en Madrid) con los consejeros económicos de las 12 autonomías en las que gobiernan los populares, con el fin de analizar los planes de ajuste y la futura ley de estabilidad presupuestaria que prepara el Ejecutivo, que fijará techos de gasto y deuda y penalizará a quienes no los respeten. Montoro convocó para el próximo martes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se abordará esta última norma, que desarrollará la reciente reforma constitucional. Además, el Gobierno pretende imponer un control previo de los presupuestos de las comunidades.

Montoro incidió en la necesidad de apretarse el cinturón y aplicar unas medidas de austeridad que, según el Ejecutivo, no se han cumplido en buena parte en las autonomías. En el Consell no se oculta el malestar ante un discurso que hace recaer en las autonomías la responsabilidad de la mayor parte de la desviación del déficit de 2011, que se situará en el 8%, frente al 6% reclamado por la UE. Sobre todo, viniendo del secretario de Estado de Administraciones Públicas y número dos de Montoro, Antonio Beteta, hasta diciembre consejero autonómico en Madrid. Los representantes del Consell defendieron que han hecho los deberes -con los recortes y las últimas medidas para reducir el déficit en 1.057 millones- y, al igual que el resto de responsables del PP, ratificaron el compromiso de frenar el gasto, que el Gobierno quiere asegurar con el control de los presupuestos autonómicos y fijando techos de gasto.

Eso sí, ese filtro previo a las cuentas no deberá afectar, según el Consell, a la distribución de los recursos entre las diferentes políticas -algo que anularía la autonomía presupuestaria-, sino incidir en la imposición de techos de gasto. Las suspicacias previas las aclaró Montoro, quien al término de la reunión reafirmó el "pleno respeto del PP a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades". De este modo, matizó al ministro de Economía, Luis de Guindos, quien hace una semana fue quien anunció el control previo de las cuentas autonómicas. Montoro también templó gaitas con las comunidades y expresó su respeto al estado autonómico, convencido de que no tiene por qué ser "despilfarrador".

El Consell asume la imposición de límites de gasto pero siempre que existan condiciones de igualdad para todas las regiones, de forma que se aproxime la financiación por habitante de las autonomías. La C. Valenciana es la segunda por la cola en recursos per cápita, muy lejos de la media, una situación de discriminación que el nuevo modelo de la etapa Zapatero ha mantenido, pese a la leve mejora, como se demostró cuando en julio se liquidó el primer año de aplicación, 2009. Para el Consell, si las reglas de juego no son iguales para todos, no se les puede exigir lo mismo, de ahí que Vela aprovechó la cita para reivindicar que la legislatura ha de traer un nuevo sistema de financiación que acabe con estos agravios.

Vela apoya las sanciones
El titular de Hacienda manifestó tras la reunión su apoyo a la posibilidad de sancionar a las comunidades que incumplan el déficit, al considerar que es importante dar un "mensaje de confianza". Horas antes de la reunión, el presidente Alberto Fabra adelantó que el Consell plantearía a Montoro un nuevo sistema de financiación en el que se tenga en cuenta el criterio poblacional porque "aquí no somos ciudadanos de segunda". Fabra reivindicó la necesidad de un nuevo modelo "que debe tener en cuenta el número de población". "Queremos lo mismo que el resto de españoles", recalcó.

Según explicó, en los últimos años la C. Valenciana "ha tenido que sobreesforzarse" para poder acometer infraestructuras, ya que el Gobierno central "nos daba menos dinero que a la media de los españoles". Por ello, ha hecho hincapié en que "hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo que, en estos momentos, ha hecho que nuestra deuda sea mayor que en otras comunidades". Pero, al margen de la financiación, cuya solución no vendrá a corto plazo, el Consell necesita una salida al actual problema. De ahí que de cara al martes, la Generalitat defenderá la fórmula de los "hispabonos" o cualquier mecanismo para que el Estado avale la deuda autonómica, garantizando su colocación y evitando que las regiones compitan entre sí por ello.

Fabra asegura que no habrá despidos pese a la previsión del decreto
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, intentó ayer poner paños calientes a una de las medidas más polémicas del decreto ley de medidas urgentes para reducir el déficit en 1.057 millones: la previsión del Consell de aprobar planes de ordenación que permitan la reducción de hasta un 25% en el personal temporal, una medida que podría suponer el despido o no renovación de hasta 10.000 interinos. Ayer, a preguntas de los periodistas, Fabra aseguró que no habrá despidos y afirmó que son "conscientes" de que se está pidiendo "sacrificios y esfuerzos adicionales, pero es que el momento es crítico para todos".

Recalcó que las medidas que están adoptando "en lo que afecta al personal" son "transitorias y temporales", y defendió que "se requiere de este esfuerzo para que toda la Comunitat Valenciana pueda salir de esta situación temporal". En todo caso, despidos "no va a haber". "Es más, lo que hemos hecho es ajustarnos el cinturón, intentando evitar despidos y sobre todo pidiendo esfuerzos a los que más tienen", dijo, en referencia al aumento del IRPF para "las personas que cobran más de 120.000 euros, que hay alguno".

El conseller de Economía, Enrique Verdeguer, recalcó que las medidas de ajuste en sanidad y el sector público "se mantienen íntegramente" y explicó que el decreto ley sólo incluye aquellas que requieren modificación legal (como el IRPF o la Función Pública), lo que no significa que el resto de actuaciones no vayan a hacerse. Es "una cuestión meramente formal", dijo.

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