El pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer en Valencia admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consell y las Corts Valencianas contra la decisión del anterior Gobierno de permitir a las autonomías gestionar cuencas hídricas que exceden de su ámbito territorial. La Generalitat considera que la norma quebranta el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica.

El alto tribunal, que preside el valenciano Pascual Sala, ha elegido Valencia para realizar el primer pleno que se celebra fuera de su sede de Madrid en sus treinta años de historia. La decisión de celebrar plenos por toda España es una iniciativa del propio Sala, que quiere acercar la imagen del Constitucional a los ciudadanos. El magistrado ya está recuperado de la lipotimia que sufrió el jueves en uno de lo actos de su visita oficial a Valencia. El pleno se iba a realizar en diciembre, pero se acordó retrasarlo hasta enero para que no coincidiera con el juicio de Camps. Sin embargo, la vista contra el expresidente está durando más de lo previsto y se acordó suspender la sesión de ayer para que no fuera a la vez que el acto del Constitucional.

El único tema sobre Valencia que analizó ayer el Constitucional fue el de las competencias hídricas. El Consell y las Corts recurrieron en noviembre -dos días antes de las elecciones generales- contra un Real Decreto del Gobierno que permite a las autonomías que tengan asumidas las competencias ejercer labores de vigilancia sobre el dominio público hidráulico. La norma, que supone una modificación de la ley de Aguas, tiene como objetivo mantener determinadas aspectos de la gestión que normalmente realizan las confederaciones hidrográficas en manos del Gobierno andaluz después de que el propio Tribunal Constitucional rechazara el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía.

El Consell cuestionó el decreto al considerar que quebranta el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión. La norma permite a Andalucía, Aragón, Cataluña y a la propia Comunitat Valenciana "el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de los regadíos". Los agricultores agrupados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes habían reclamado que se recurriera la norma. El pleno del Constitucional también analizó otros recursos como el que presentaron 322 controladores aéreos de AENA contra la prórroga del estado de alarma por el cierre del espacio aéreo. El alto tribunal rechazó la pretensión de los controladores.

Pascual Sala recordó antes del pleno que estuvo 8 años trabajando en el Palacio de Justicia de Valencia como magistrado de lo Contencioso e insistió en la importancia de dar a conocer la institución del Tribunal Constitucional que está "muy metida en Madrid". Sala indicó que ha trasladado a Rajoy la necesidad renovar a cuatro magistrados.