Los cerca de 220 centros que forman el tejido educativo público de la Formación Profesional (FP) en la Comunitat Valenciana están barajando la posibilidad de pedir una cuota extraordinaria a sus alumnos para poder seguir funcionando en 2012. Aunque los claustros son conscientes de que requerir dinero por una enseñanza pública es ilegal, los impagos de Educación —que debe a los institutos más de 60 millones de euros, procedentes de las partidas de dos de los tres cuatrimestres del ejercicio del año pasado— han conducido al sector a una situación límite. Que podría acarrear consecuencias en la economía de los estudiantes y sus familias.

De momento, la petición a los alumnos es una opción no fructificada —los claustros la meditan, pero nadie la ha aprobado—, que podría llegar a corto plazo si la Generalitat no abona alguno de los plazos pendientes. Los centros recibieron el último pago a principios de curso —en el mes de septiembre— y el dinero pertenecía al primer cuatrimestre del 2011, llegando con cinco meses de retraso. Ahora, deberían abonar la segunda partida, pero la Generalitat no ha notificado nada.

Los docentes sí pagan

Lo que sí ha ocurrido en muchos casos es que han sido los propios profesores los que han tenido que adelantar dinero por su cuenta para poder coordinar las clases prácticas —claves en esta rama de enseñanza superior—.

Tal es el caso de Sergio Martí, jefe del departamento de frío/calor del IES Rascanya de Valencia. Docente de FP desde 1991, ha invertido cerca de 200 euros en la compra de material de forma urgente para poder seguir con las lecciones. Y avisa que solamente dispone de recursos para 15 días: «cuento con seis grados de enseñanza y cerca de 300 alumnos; he aprovechado restos del año pasado, pero las reservas se están acabando. El cobre, por ejemplo, es caro y ahora no puedo aleccionar sobre su manipulación porque no hay dinero para adquirirlo». A su vez, Martí también ha tenido que pedir una fianza a los alumnos por la utilización de herramientas, «la situación causa que tengamos que economizar, si al final de año no hay desperfectos recibirán el dinero de nuevo».

En el centro integrado de Cheste—por el que pasan más de 1.200 alumnos al año— también subsisten agobiados por las deudas del Consell. Así lo relata Agustín López, miembro de la sección de electricidad y electrónica. El docente reconoció que la posibilidad de pedir una ayuda a los alumnos ha sido estudiada, «aunque nosotros no la hemos llevado a cabo». De momento, en Cheste sobreviven a base de donaciones de material procedente de compañías del sector. López comentó que «gracias a los contactos del claustro podemos acudir a las fábricas y recoger lo que descatalogan o no quieren; la consellería no nos suministra equipamiento desde hace ocho años».

Con los centros con el agua al cuello, los sindicatos son los encargados de recopilar la mayoría de quejas. Guillermo Martí —secretario general de FETE-UGT— confirmó ayer que el posible cobro ha sido tratado en el 100 % de los centros, aunque su carácter «irregular» ha frenado cualquier movimiento serio por el momento. Eso sí, reconoció tener constancia de prácticas con influencias de «economía sumergida»: «hay centros que enseñan peluquería donde los alumnos aprenden cortando el pelo a conocidos, talleres de automoción en los que se realiza la puesta a punto de los coches de los profesores... lo que cobran luego se reinvierte en la compra de materiales fungibles». A su vez, el portavoz sindical alertó de la posible merma de calidad en la enseñanza, «hay centros donde pintan los vehículos con agua o solo se pueden impartir clases prácticas... luego los empresarios quieren gente preparada para el mercado de trabajo». Por último, Martí comentó que «Educación nos debería controlar, pero en realidad es quien nos causa los problemas».