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Pons adjudicó 105 VPO a la empresa de los Cotino sin ser la mejor oferta

 21:08  

Sedesa quedó tercera en un concurso de viviendas en alquiler en Pilar de la Horadada

LAURA BALLESTER El conseller de Territorio y Vivienda en 2006, Esteban González Pons, adjudicó la construcción de 105 viviendas de protección oficial (VPO) en Pilar de la Horadada a Sedesa SA, la empresa de la familia de Juan Cotino, actualmente presidente de las Corts Valencianes, en detrimento de otras dos mejores opciones. González Pons, ahora vicesecretario general del PP, eligió a la empresa de los Cotino pese a que según la baremación de la mesa de contratación, sólo era la tercera mejor oferta. El contrato de las 105 viviendas en régimen de alquiler de Pilar de la Horadada se adjudicó en noviembre de 2006 por poco más de seis millones de euros. El Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) licitó las obras por 6,7 millones de euros en abril de 2006.

El gerente del Ivvsa, en aquel momento Felipe Espinosa Bolaños, firmó una propuesta de resolución en la que afirmaba que «se puede adjudicar indistintamente el contrato a una de las tres empresas que han obtenido mayor puntuación en el informe de baremación de ofertas» por lo que «elevaba al presidente del consejo de administración del Ivvsa» (en aquella época Esteban González Pons) la propuesta de adjudicar las obras a cualquiera de las tres empresas que quedaron en los tres primeros puestos: Corsán Corvian Construcción SA, Intersa Levante y Sedesa Obras y Servicios SA. González Pons eligió a Sedesa. Las tres empresas acabaron con una baremación muy parecida porque igualaron el precio ofertado (6.047.918,52) pero en la puntuación técnica acabó ganando por puntos la propuesta de Corsán Corvian Construcción SA (78,27 puntos) frente a sus más directas competidoras, Intersa Levante (78,09 puntos) y Sedesa Obras y Servicios SA (77,34 puntos).

Así consta en el expediente de esta adjudicación del Ivvsa al que ha tenido acceso el diputado del PSPV-PSOE, Francesc Signes. El portavoz socialista de Infraestructuras en las Corts solicitó en 2009 acceder a los expedientes de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat a Sedesa, una fiscalización de expedientes públicos que no ha podido realizar hasta finales de 2011. Sedesa está relacionada junto a otras constructoras en las investigaciones del caso Gürtel por supuesta financiación ilegal del PP valenciano.
Signes también recuerda que el entonces gerente del Ivvsa, Felipe Espinosa Bolaños, también disfruta de «un currículum de méritos digno de recordar». Espinosa fue compañero de facultad del ex presidente Francisco Camps, del ex vicepresidente y ex conseller Gerardo Camps y del ex conseller González Pons.

«Pero la carrera política de Espinosa empezó con los méritos adquiridos como director de la oficina en Valencia del Arab Bank», que se vio inmersa en dos de los escándalos más sonados de la etapa del Consell de Eduardo Zaplana, señala el diputado socialista.
La oficina del Arab Bank de la calle Colón de Valencia dirigida por Espinosa Bolaños fue la que eligió el IVEX (Instituto Valenciano de Exportación) para pagar al cantante Julio Iglesias la cantidad estipulada para que representara a la Comunitat Valenciana por todo el mundo. Un juez investiga esta operación por presunta malversación de fondos, fraude fiscal y falsedad documental en la firma y ejecución de un presunto contrato «b» (en negro) suscrito bajo mano por el Consell de Zaplana y el artista residente en Miami. Espinosa dijo en el juzgado que «las transferencias de dinero se hicieron vía Madrid, aunque no aclaró quien movía el dinero», explica Francesc Signes.

Felipe Espinosa también tuvo que declarar en el juicio contra el ex director del IVEX, José María Tabares, condenado a cinco años de prisión por estafa y falsedad cometidos al frente del instituto y para los que recurrió a «abrir una cuenta corriente en el Arab Bank con la colaboración del director», según reflejaba la sentencia del conocido como Caso Tabares, recuerda Signes. Precisamente fue González Pons quien rescató a Espinosa para el Ivvsa, cuando el Arab Bank prescindió de sus servicios, y que después pasaría a dirigir Vaersa bajo las órdenes primero de José Ramón García Antón y, después, de Juan Cotino al frente de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

"Se adjudicó de forma indebida y sin justificar"
El portavoz socialista de Infraestructuras en las Corts, Francesc Signes, denunciaba ayer a Levante-EMV que el entonces conseller, Esteban González Pons, «decidiera la adjudicación a favor de Sedesa pese a que era la tercera en el orden de puntuación otorgado en el informe técnico y sin que se justificase de manera alguna por qué se optaba por conceder el contrato a la empresa familiar de los Cotino y no a cualquiera de las otras dos que habían resultado mejor puntuadas en el informe técnico». Signes señala, tras revisar el expediente, que «no se justificó cuál fue el criterio seguido por el Ivvsa para asignar el contrato a Sedesa, por delante de las otras dos que había obtenido mejor puntuación. Es evidente que se adjudicó indebidamente y sin causa legal que lo justificase, en perjuicio de los intereses públicos y los principios de contratación pública».

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