Sentados a escaso medio metro el uno del otro pero a años luz de distancia y con aspecto de estar asistiendo a su propio entierro escucharon ayer Francisco Camps y Ricardo Costa, los dos procesados en el juicio de los trajes que desde hace más de un mes se viene celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, las conclusiones definitivas de las dos acusaciones en lo que supone la recta final de una vista oral que ha cumplido ya su sesión número 25.
En sendos informes que consumieron toda la jornada, la Fiscalía y la acusación popular mantuvieron que ambos, el presidente de la Generalitat y el número dos del PP en la Comunitat Valenciana cuando se investigaron los hechos, fueron agasajados con trajes, zapatos y corbatas por la trama corrupta Gürtel en atención a los cargos que ocupaban y, aunque esto es objeto de otro proceso, para hacerse con influencias que les reportaron pingües beneficios a través de la filial del grupo Correa en la Comunidad, Orange Market, que en cinco años logró contratos con la Generalitat por más de ocho millones de euros.
Pese a que ambas partes modificaron el número de prendas que presuntamente habrían recibido los acusados, reduciendo en unos mil euros el importe total de las regaladas a Camps y aumentando en unos dos mil las dávidas a Costa, ambos partes fueron coincidentes al aseverar sin duda alguna que las empresas del entramado de Correa hicieron frente a los pagos de la ropa y que tanto el exjefe del Consell como su otrora mano derecha no sólo podían mentir por su condición de procesados sino que lo han hecho al negarlo.
Con una exquisita atención a los nueve jueces que desde el lunes se enfrentan a la tarea de alcanzar un veredicto (que podría estar la próxima semana), una fiscal didáctica, Myriam Segura, y un brillante acusador popular, el catedrático Virgilio Latorre, se afanaron tanto en dejar muy claro los hechos que se juzgan (con independencia de valoraciones morales y de lo que se piense de un delito que tras la última revisión del Código Penal se elevó su pena de multa a prisión, precisaron) como en alejar las sombras que se han querido verter s0bre este proceso. «Coloquen el objetivo de la cámara en lo que se está juzgando. Esto no es un juicio político pero nadie está por encima de la ley», precisó ante los rostros expectantes pero impenetrables de los miembros del jurado. «¿Quién ha hablado aquí de política?», preguntó la fiscal. «La Fiscalía sólo ha hablado de tickets y de trajes, fue el señor Camps quien dijo que había venido al TSJ a demostrar a los valencianos que habían votado a un presidente inocente», concluyó. Quiso también responder la acusadora a quienes critican el «gran despliegue de medios» de Anticorrupción en este proceso. «Lo fiscales sólo escuchamos a personas y revisamos papeles. Ese es el despliegue de la Fiscalía», apostilló.
Mientras la fiscal iba desgranando su alegato, la sala de vistas, en otras sesiones de este proceso sólo ocupada por familiares, amigos y colaboradores de los acusados, se fue llenando hasta alcanzar su minuto de oro al filo del mediodía. A esa hora, la exconsellera Trini Miró, y Consuelo Císcar, directora del IVAM y mujer de Síndic del PP en las Cortes Rafael Blasco, dos de la asiduas a estas sesiones, formaban parte del paisanaje al que en más de una ocasión tuvo que llamar al orden el magistrado Juan Climent, que ayer parecía más dispuesto que otros días a no permitir el menor atisbo de insubordinación.
En este ambiente de comentarios y muestras de aprobación y desaprobación contendidas comenzó Latorre, el abogado del PSPV que ejerce la acusación popular, una exposición multimedia que logró captar la atención del jurado con la misma eficacia con que, a juzgar por su expresión, supuso un mazazo para el exjefe del Consell. La ocurrente idea de aderezar su alegato final con un resumen realizado a raiz de las grabaciones de la vista oral para apoyar sus argumentos y, de paso, refrescar la memoria a los miembros del jurado consiguió durante una buena parte de su extensa exposición mantener un interés que había ido decayendo por puro cansancio a medida que avanzaba la jornada. Hoy es el turno de las defensas y la última oportunidad de los acusados de hablar ante el jurado.
«Señor Camps, voy a acabar echándole»
Estaba el abogado de la acusación popular en el uso de la palabra cuando al exjefe del Consell se puso a consultar el móvil. Dado que la advertencia por parte del presidente del tribunal para que dejara de hacerlo cayó en saco roto, fue la agente judicial la que se acercó a Camps para pedirle que guardara el aparato. Tras hacerlo sin demostrar ninguna prisa, el acusado se permitió llamar a la agente moviendo el dedo índice, momento en que el magistrado, en lo que se ha convertido ya en algo habitual en este juicio, volvió a amonestarle. «Señor Camps, voy a acabar echándole de la sala, estamos escuchando un informe, si no le interesa...», le espetó Climent visiblemente molesto. Costa, mientras tanto, tomaba nota con un boli Bic cristal y su Casio de plástico en la muñeca. Por la tarde estuvo consultando la Ley del Jurado.
