La crisis económica, tan real y al mismo tiempo tan versátil para ofrecer excusas, ha devuelto a los cauces, solares y caminos aislados una imagen de abandono que había sido prácticamente erradicada en la última década. Miles de toneladas de escombros y residuos de construcción se están acumulando por toda la geografía valenciana con total impunidad mientras las empresas dedicadas a la gestión de los denominados Residuos de Construcción y Demolición (RCD) lamentan la competencia desleal de presuntos «gestores» de residuos y la escasa vigilancia que ejerce la administración sobre estos vertidos ilegales. La mayoría de estas empresas, que han abierto vertederos de inertes y puesto en marcha plantas de clasificación y transformación de RCDs para su reutilización, están condenadas a su desaparición, advierten sus representantes.
Juan Campanario, concejal de Urbanismo de Quart de Poblet, uno de los municipios más afectados por las escombreras ilegales, cree que existe un correlación entre crisis económica y proliferación de vertederos. «Durante los últimos años hemos hecho campañas informativas y buscando la complicidad de los pequeños profesionales, que son quienes generalmente provocan este tipo de vertidos, pero de pronto todo se ha ido abajo...», explicó. «Ahora mismo, el residuo no se está eliminando legalmente, probablemente para ahorrarse los costes de su gestión», añadió.
Según Juan Campanario, el Ayuntamiento de Quart —que carece de ecoparque— asume la recogida de los RCD procedentes de pequeñas reformas urbanas siempre que se acredite tener la licencia de obras. También asumen el residuo transportado por las empresas que realizan las reformas si no superan una determinada cantidad y tienen licencia. «La verdad es que cuando se trata de particulares resulta difícil de entender porqué no acuden a nuestras instalaciones o a un ecoparque y siguen tirándolo por los caminos», añadió.
El problema no es exclusivo de Quart. Tampoco de la Comunitat Valenciana. En Murcia, la prensa habla de «un mar de escombros» y algunas poblaciones de Extremadura o Castilla-León próximas a las capitales de provincia han iniciado la modificación de sus ordenanzas para endurecer sanciones.
En general, solares y caminos situados cerca de los grandes ejes de comunicación ejercen de atractores de residuos. Además de Quart, especialmente expuesto por su gran término municipal salpicado de terrenos de cultivo abandonados, los vertidos del área metropolitana de Valencia llegan a menudo hasta Chiva, que alberga un buen número de vertederos clandestinos. También existen vertidos irregulares en Cheste— donde acabaron enterrados los escombros de los derribos del Cabañal— o en Requena.
A la ruina
La ley prohíbe tirar nada que no haya pasado antes por una planta de tratamiento donde se extrae todo aquello que pueda ser reciclado. Solo el rechazo de esos materiales puede ir a un vertedero de inertes.
El colectivo de empresarios dedicados al derribo de edificios, colocación de contenedores y transporte de residuos, gestionan vertederos de inertes o recuperan los RCD aprovechables, certifican un aumento del volumen de los residuos de construcción depositados en cauces y cunetas pese la existencia de instalaciones suficientes en la Comunitat Valenciana. Uno de sus portavoces, que optó por el anonimato «para no acusar» a otras firmas del sector, asegura que algunas de estas empresas «se dedican a hacer vertidos incontrolados, incumpliendo la normativa sobre la gestión de residuos para abaratar sus costes».
«Las empresas que cumplen con toda la normativa no pueden igualar las tarifas de los ‘piratas’, ya que los costes de gestión final no lo permiten, dejando a estas sin la capacidad de entrar en el mercado».
Para los empresarios la solución pasa por un incremento de la vigilancia y la adopción de medidas por parte de las autoridades. Recuerdan que el papel de las administraciones es hacer «que se cumpla la ley» y evitar la acumulación de escombros en solares, cunetas y cauces y cada vez más cerca de las poblaciones y polígonos industriales».
Según estos empresarios, la acumulación de escombros termina atrayendo todo tipo de residuos y se convierte finalmente en un problema de salubridad. «Al final son los propios ayuntamientos quienes se ven obligados a intervenir y a limpiar los vertederos con el dinero que sale de todos los ciudadanos», añadieron las fuentes.
