Más de 100.000 voces clamaron el pasado sábado en Valencia contra los recortes en educación aprobados por un Consell con las arcas vacías. Más de 100.000 personas entonaron una queja común para denunciar los recientes golpes que ha recibido el sistema valenciano de enseñanza pública por los ajustes. Un sector al que la Generalitat adeuda más de 60 millones de euros —procedentes de los últimos dos cuatrimestres del 2011— y que, día tras día, vive acuciado por el déficit.
Situación que al final pagan los más débiles, tal y cómo se comprobó la semana pasada en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Almassora, cuando un joven fue amenazado con la expulsión tras fotografiar a sus compañeros con mantas y batas en clase por la ausencia de calefacción en el centro por los impagos.
Pero lo ocurrido en Almassora no es una excepción, todo apunta a un regla. Así lo confirman los resultados de la campaña «Fabratenimfred», iniciada por Compromís para denunciar la falta de recursos en los centros públicos valencianos. De momento, un total de 58 centros de la C. Valenciana han hecho pública su maltrecha situación y se han adherido a la iniciativa. Tomando como media que son centros cuyo alumnado baila en una horquilla entre 600 y 1.200 estudiantes, se puede hablar de que la falta de calefacción ya afecta a cerca de 50.000 alumnos valencianos.
Sin embargo, los agentes sociales no dudan a la hora de generalizar los problemas. Así se pronunciaron ayer portavoces de los cinco sindicatos educativos (FETE-UGT, STE-PV, CC OO, CSIF y ANPE) con presencia en el sistema de enseñanza público valenciano.
Comparación con la concertada
Francisco Javier González Zurita —responsable de Relaciones Institucionales de FETE-UGT— explicó que «hablamos de una realidad que afecta a todo el conjunto; quizá estos 57 centros son los más batalladores, pero la Generalitat adeuda los últimos dos cuatrimestres del año pasado a todo el mundo, nadie se escapa». A su vez, Zurita confirmó que la mecha se encendió al confirmar la nueva consellera de Educación —María José Catalá— que los colegios concertados cobrarían cuanto antes, «ahí la gente se indignó, la concertada puede tirar mano de otras fuentes de financiación pero la escuela pública no y ahora se está arruinando».
En terminos parecidos se movió Marc Candela —secretario de Acción Sindical de STE-PV—, que apuntó que «todos los centros están igual, es posible que algunos hayan contado con la ayudad de las asociaciones de padres, pero esa no es la solución». Ferrán García —secretario de comunicación de CC OO-PV— declaró que «seguro que los 58 que han salido públicamente serán los más tocados, pero la situación se vive en cadena... de hecho, conozco de primera mano el caso del IES Districte Marítim, que ha tenido que apagar la calefacción y en las clases de educación física los chavales se duchan con agua fría». Rafa Collado —presidente provincial del CSIF— apuntó que «la situación acucia más a los IES que a los colegios, ya que dependen más de la Generalitat, pero todos sufren la coyuntura actual». Por último, Laureano Bárcena —presidente de ANPE— expresó que «la situación es mala, pero no todos los centros estarán sin calefacción mañana (por hoy), eso sí, la falta de pago afecta a más de 1.800 institutos y colegios».
Representantes de los cinco sindicatos se reunirán mañana con Catalá, que citas encuentros individuales. Los agentes educativos se negaron en plano y el primer encuentro será conjunto. El sector está en ebullición. No será una entrevista agradable.
Educación asegura un calendario de pagos
La macromanifestación contra los recortes en educación que colapsó Valencia y Alicante el pasado sábado recibió ayer la primera respuesta del Consell. Desde Educación apuntaron que «respetamos absolutamente el derecho de los ciudadanos a manifestarse, ya que sabemos que estamos en una situación complicada y muchos ciudadanos lo están pasando mal». Además, reiteraron su compromisó a seguir trabajando y confirmaron que «se cumplirá el calendario previsto y en los próximos efectuaremos el pago correspondiente a los centros». Cabe recordar que otros deudores de la Generalitat —como las farmacias— no recibieron el dinero según lo pactado con la Generalitat. Por último, adelantaron que «los 420 millones que llegarán del gobierno los destinaremos a Educación y el Bienestar Social».
Por otra parte, las movilizaciones del sector contra el decreto-ley de medidas para luchar contra el déficit público aprobado por el Gobierno valenciano continuarán esta semana. El próximo jueves, 26 de enero, las tres provincias de la C. Valenciana celebrarán marchas bajo el lema «No a los recortes en los servicios públicos. Depuración de responsabilidades en el Consell». La gran respuesta de la concentración del sábado avala las quejas de los agentes educativos. j. l. ll valencia
