El Ejecutivo de Alberto Fabra ha aprobado medidas de ajuste adicional en 2012 que afectan tanto a la Administración como al mastodóntico sector público valenciano. Sin embargo, la tercera pata del gasto público en la C. Valenciana, las universidades, ha quedado hasta el momento a salvo de los tijeretazos impuestos desde la Generalitat. Los centros académicos, que sí tuvieron que aplicarse el recorte salarial de Zapatero en 2010, han aprobado presupuestos a la baja pero ninguna de ellos ha puesto en marcha planes de saneamiento para adelgazar sus estructuras, dadas las circunstancias. El Consell cree que ha llegado el momento de que la universidad dé ejemplo y asuma sacrificios, al menos en la misma medida en que lo ha hecho la Generalitat. El debate ya se ha producido en el Ejecutivo valenciano y desde la Conselleria de Educación hay voluntad de iniciar el camino.

En el Consell son conscientes de lo controvertido de este debate, habida cuenta de la autonomía de este colectivo, y tampoco se quiere abordar este proceso desde el enfrentamiento, pero la situación de asfixia aboca a coger el toro por los cuernos. La referencia es el polémico decreto ley, aprobado el 5 de enero pasado, de medidas urgentes para reducir el déficit en 1.057 millones sobre el presupuesto que había recibido la luz verde de las Corts quince días antes, el 21 de diciembre. En ese momento, el Ejecutivo optó por dejar fuera a las universidades del ámbito de aplicación de la norma. En concreto, el personal de las cinco universidades públicas se ha salvado del nuevo tijeretazo en los salarios, que sí padecerán los empleados públicos de la Generalitat, médicos y docentes, las Corts y las altas instituciones autonómicas. Igualmente, se han librado de las reducciones de jornada en el personal interino, así como del recorte en los pagos por situaciones de incapacidad temporal, complementos o ayudas sociales.

Competencias no le faltaban a la Administración autonómica para haber hecho extensible el decreto ley a las universidades. Un informe de la Abogacía del Estado que obra en poder de Presidencia especifica las competencias que puede ejercer el Ejecutivo autonómico sobre estos centros académicos, sin que ello suponga menoscabo de su autonomía, consagrada en la Constitución. De hecho, en algunas cuestiones las universidades ya son consideradas Administración pública. Por ejemplo, en los balances trimestrales sobre el endeudamiento que hace públicos el Banco de España, la deuda de estos centros se integra en la de la Administración autonómica. La Generalitat tiene facultades para incluirl en sus presupuestos los de las instituciones académicas, pero no lo ha hecho para evitar conflictos.

El Consell aprobó a finales de diciembre un presupuesto consolidado —incluyendo el sector público— de 14.988 millones, que supuso un recorte del 6,4% respecto a 2011, año en el que ya se redujo el gasto. Sin embargo, ante la gravedad de la situación financiera, Fabra anunció a principios de enero el citado decreto ley para asumir mayores sacrificios. El decreto ley, descontadas las medidas fiscales, prevé un recorte adicional de 819 millones, un 5,46% sobre las cuentas aprobadas de 2012.

Sentarse y negociar con tiempo

El Ejecutivo autonómico cree que la universidad, que la semana pasada salió en bloque para sumarse a las protestas por los impagos de las transferencias pendientes, no ha hecho un esfuerzo equivalente al suyo para apretarse el cinturón. Así, no se han aprobado planes de ajuste o de saneamiento, ni se han dado a conocer medidas extraordinarias para optimizar el gasto. De hecho, no sentó nada bien la denuncia de estas instituciones, cuando se ha tenido guante de seda al dejarlas fuera del citado ajuste. Si no se les ha abonado las cantidades pendientes es porque, literalmente, la caja estaba vacía, un panorama que, tras las medidas acordadas en el último Consejo de Política Fiscal, confían en que comience a superarse.

El escenario sería el de sentarse a hablar con los rectores y negociar con ellos, con tiempo, un recorte adicional que debería ser, al menos, de la misma proporción que el que ha aprobado el Ejecutivo para sus propias cuentas. Esto es, el citado 5,46% contenido en el decreto ley de medidas urgentes. En último extremo, el Consell siempre tendría la llave del recorte, por la vía de reducir en el mencionado porcentaje la transferencia anual para estos centros. Hasta ahora, todas las medidas para embridar desde el Ejecutivo el gasto de las universidades han resultado fallidas. La última, el intento de integrar la tesorería de éstas en la del conjunto de la Generalitat.