El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, anunció ayer que la Generalitat ya ha abonado los 20,9 millones de euros que debía a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte).
De esta forma se ha resuelto una parte de la deuda contraída por la Administración con las residencias de dependencia que afecta a un total de 25.000 familias, 19.000 trabajadores y 188 empresas, según afirman fuentes de Aerte.
La suma pagada hasta el momento, 20,9 millones, evitará el cierre por quiebra al que los centros de enfermos mentales y discapacitados se veían obligados a realizar si los impagos no se solucionaban en un periodo breve de tiempo.
Además, la Generalitat también se ha comprometido a abonar nueve millones de euros, otro de los porcentajes de deuda pendientes, a finales de enero, es decir, en menos de una semana, y que se destinarán expresamente a centros tutelados.
El pago se ha realizado un día después de que los responsables de Aerte llamaran la atención sobre el estado del sector socio-sanitario. Tras la reunión de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social con la patronal, el pasado martes, se estableció que el total de la deuda será resuelto en febrero y se concertó una nueva reunión el miércoles uno de ese mismo mes para comprobar los pagos realizados hasta la fecha y concretar los nuevos compromisos acordados.
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, se mantiene expectante ante los pasos de la administración pública y advirtió que, si no se cumple el total de los pagos establecidos, la situación supondrá "el desmantelamiento de la red sociosanitaria autonómica y la pérdida de un derecho democrático adquirido por nuestros mayores y las personas en situación de dependencia". "La vida y el bienestar de las personas está por encima de otras cuestiones que, evidentemente, requieren de una solución a corto plazo también", añadió.
Por su parte, el conseller de Justicia y Bienestar, Jorge Cabré, ha señalado que, según lo acordado, la financiación se debería hacer al cincuenta por ciento entre la Generalitat y el Gobierno central. Algo que, según ha recordado Cabré, no se está cumpliendo ya que en 2011 la Generalitat financió la dependencia con un total de 392,8 millones de euros frente a los 100,5 millones aportados por el Estado. Lo que se traduce en porcentajes de un 80 por 100 aportado por la Generalitat frente a un 20 del gobierno.
A pesar de que la Generalitat haya empezado a afrontar las deudas contraídas con el colectivo, algunas de las asociaciones afectadas continuarán con la reivindicación de sus derechos. Este es el caso de la Asociación Valenciana de Servicios a Personas Dependientes (Avasede) que saldrá a la calle con una manifestación mañana jueves 26 de enero a las doce de la mañana.
Por otra parte, en relación a la decisión de la Diputación de Valencia de reconvertir el centro psiquiátrico de Bétera, Cabré ha explicado que el asunto requiere una negociación con la Administración, aunque ha afirmado que se seguirá ofreciendo el servicio y "nadie quedará desatendido" porque "todos somos responsables y serios".
