El expresident de la Generalitat Francisco Camps, quien ha sido declarado inocente por el jurado popular del juicio de los trajes del caso Gürtel, es el sexto presidente de Comunidad Autónoma exculpado por delitos que se les imputaban.
Camps, president de la Generalitat entre 2003 y 2011, fue imputado en mayo de 2009 por su presunta relación con la supuesta trama de corrupción en el PP del caso Gürtel.
El 15 de julio pasado, mes y medio después de ser reelegido presidente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decretó la apertura de juicio oral contra él y cinco días más tarde presentó su dimisión.
El 12 de diciembre comenzó el juicio, cuyo jurado se ha pronunciado hoy declarándole inocente.
Antes que Camps, Demetrio Madrid (PSOE), que fue presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y el 29 de octubre de 1986, fue imputado por una querella presentada por once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario.
En 1990, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió.
Carlos Collado (PSOE), presidente de Murcia de 1984 a 1993, dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos por el "caso Casa Grande", del que finalmente fue absuelto por el Tribunal de Cuentas en 1997.
Gabriel Cañellas (PP), presidente de Baleares desde 1983, dimitió en julio de 1995, pocos días después de jurar su cargo para un cuarto mandato, al ser imputado en los casos Calvia, sobre un presunto cohecho por el cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública, y del Túnel de Sóller, acerca de un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación de obras. En 1997 fue absuelto de ambos delitos.
Javier Otano (PSOE), presidente de Navarra desde 1995, dimitió al año siguiente tras ser imputado en julio por un supuesto cohecho en la trama navarra del "caso Roldán". También declaró como imputado el 3 de octubre de ese año por el "caso Otano", que se cerró sin sentencia porque el delito había prescrito.
Juan José Ibarretxe, lehendakari entre 1999 y 2009, declaró como imputado en enero de 2007 por haberse reunido en abril del año anterior con representantes de Batasuna. En esta misma causa también fueron imputados el actual lehendakari, Patxi López, y el actual consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares.
El 12 de enero de 2009, el Tribunal Superior del País Vasco sobreseyó la causa y un año después fue confirmada por el Supremo.
