O derogación del decreto o huelga. Sin más opción. Esta fue la decisión con la que ayer finalizó la asamblea del Colegio de Médicos de Valencia a la que asistieron más de trescientos facultativos y en la que se votaron 27 protestas que se resumieron con el mandato de trasladar a los sindicatos la propuesta unánime de convocar una huelga si el documento de recortes no se retira.
Los asistentes con la presidenta de la entidad colegial a la cabeza, Rosa Fuster, propusieron que antes de aplicar el tijeretazo a las nóminas de los médicos se recorten los privilegios de los diputados.
También se pidió la dimisión del conseller de Sanidad, Luis Rosado, y de los responsables económicos de la Conselleria de Sanidad que han llevado a la sanidad valenciana a una situación de morosidad y déficit continuado.
Fuster declaró que los médicos están dispuestos a mejorar la gestión sanitaria con "muchísimas más ideas y más creativas que las que se plantean desde la conselleria".
La que parece que no va a prosperar es la demanda judicial por acoso inconstitucionalidad del decreto 1/2012 del Consell de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, que va a suponer una reducción del 50 % del complemento de carrera profesional y que se va a traducir en una rebaja del sueldo de más de 500 euros para muchos de los profesionales.
Sin embargo, el letrado de la Organización Médica Colegial se desplazará a Valencia para estudiar con la asesoría jurídica del colegio por donde se le puede meter mano judicial al decreto, de cara a plantear una acción judicial contra la ley, "y para estudiar de qué manera se puede parar esto", agregó Fuster.
Los asistentes criticaron la falta de médicos en los vehículos del SAMU, que se ha convertido ya en una práctica habitual, y volvieron a solicitar la reducción de los altos cargos y directivos de la Conselleria de Sanidad.
