Los arquitectos y promotores creen que la suspensión de PAI es ´inaplicable´

LAURA BALLESTER VALENCIA
Los arquitectos urbanistas y los promotores explicitaron ayer la "complejidad" de aplicar la suspensión temporal de programas de actuación integrada (PAI) durante dos años (prorrogables a dos más) e, incluso, aseguraron que esta posibilidad legal es "inaplicable". Esta fue una de las numerosas conclusiones a las que se llegó en el "Curso sobre los cambios recientes en la legislación urbanística en la Comunitat Valenciana. Propuesta para un cambio", organizada por la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.
Y es que la suspensión temporal de PAI a la espera de tiempos mejores resulta de una complejidad "inmensa", según declaró a Levante-EMV el presidente de la Asociación de Promotores de Valencia, José Luis de Miguel, quien participó en una mesa redonda sobre la "Suspensión temporal de programas". Según De Miguel, en estas situaciones "debe existir un acuerdo entre todos los intervinientes que es prácticamente imposible. Incluso cuando hay un único propietario, existen los derechos de terceros, como las entidades financieras, que pueden oponerse a la suspensión de un PAI. La complejidad es inmensa". De hecho, el abogado y secretario general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Territorio, Enrique Martí Selva, admitió que esta posibilidad de "difícil aplicación". "No se pueden suspender todos los PAI en tramitación por la situación de crisis. Eso no cumple la ley". La suspensión de un proyecto urbanístico debe estar "justificada, incluir plazos, medidas y coste de mantenimiento de obras iniciadas".
En el curso también se analizó la nueva figura de las actuaciones territoriales estratégicas (ATE) y su tramitación exprés para proyectos singulares y exclusivos. Según el subdirector de Ordenación, Planificación y ATE, Vicente Doménech, en la provincia de Valencia se han recibido propuestas para siete actuaciones territoriales estratégicas y un total de 15 en la Comunitat Valenciana. Los arquitectos, sin embargo, fueron muy escépticos con los plazos de ocho meses que el Consell prevé para aprobar una ATE, tanto por parte de la misma Generalitat como de las empresas de servicios. Y, según el abogado de Gómez Acebo & Pombo, José Manuel Palau, quedan muchos detalles que perfilar, aunque calificó el decreto de las ATE como "instrumento válido": definir las contraprestaciones (como el metro por metro), la documentación o las garantías que se exigirán.