Un año y medio después de que saltara uno de los mayores escándalos de corrupción que se recuerdan en Valencia, Enrique Crespo, imputado por hasta nueve delitos por el saqueo de la empresa pública que presidía, decidió tirar la toalla política. Acorralado por el juez, que le exige una fianza de 25 millones de euros, y a las puertas de una comisión de investigación en las Corts que multiplicará la presión mediática sobre su persona y entorno familiar, Crespo anunció su dimisión como alcalde de Manises, como diputado provincial y como vicepresidente de la Diputación de Valencia. Además, pidió la suspensión "temporal" de militancia en el Partido Popular "hasta que haya una sentencia firme". "No vale la pena que sigamos sufriendo todos", dijo emocionado el que no hace tanto tiempo sonaba para ocupar un cargo como conseller.
Crespo puso fin ayer a su dilatada trayectoria política por lo que asegura ha sido "un juicio paralelo" que ha afectado a su "honorabilidad" y ha hecho mucho daño a su familia, su partido y las instituciones que dirigía. Crespo aseguró haber contado con el apoyo del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y con la "comprensión" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "siempre defendió mi presunción de inocencia". El ya exalcalde de Manises criticó que, tres meses después de ser imputado y con gran cantidad de "filtraciones erróneas", el juez todavía no le haya llamado a declarar. "Siempre he transmitido mi confianza en la justicia, pero hasta el momento no he podido demostrar mi versión", defendió.
Pese a las presiones de la oposición y a algún desaire en su partido, la decisión de Crespo ha sido personal. El miércoles por la tarde, el todavía alcalde de Manises le comunicó a Rus su intención de tirar la toalla. La conocida como pena del telediario había llegado demasiado lejos y afectaba a sus propios hijos, que han recibido algún comentario en el colegio, según relatan fuentes cercanas a Crespo. Rus le dijo que se lo pensara porque todavía confiaba en él. Ayer a primera hora de la mañana y tras una noche sin dormir el ya exvicepresidente de la diputación anunciaba a su jefe y amigo Alfonso que lo dejaba.
Fue el propio Alfonso Rus el que comunicó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que Crespo presentaba su dimisión en un acto en una quesería de Llosa de Ranes ayer por la mañana.
Ayer se escribió el epílogo de la vida política de Enrique Crespo, pero el cerco a su figura se ha venido cerrando desde hace un año y medio. Tras estallar el escándalo, todos los dedos le apuntaron como presidente de la empresa pública desde 2004 a 2010. El exalcalde de Manises, como también hizo ayer, siempre ha defendido su inocencia aunque conforme se iban revelando detalles del escándalo su gestión quedaba más en entredicho.
Uno de los momentos más duros fue hace tres meses cuanto el magistrado instructor de la causa le imputó por varios delitos como estafa, malversación de fondos públicos y delito societario, entre otros. Comenzó así su vía crucis con constantes solicitudes de dimisión. Aun así, su partido continuaba dándole su apoyo en público.
Pero el presidente Alberto Fabra anunció una comisión de investigación en las Corts hace dos meses. La defensa pública contrastaba con lo que supone abrir las tripas de un caso que volverá a poner al exnúmero tres de la Diputación de Valencia en el punto de mira mediático.
Y llegó la cuenta atrás. El pasado lunes 30 de enero, el juez aceptaba la petición de la Fiscalía y fijaba sobre Crespo y otros 13 imputados una fianza de 25 millones de euros, la más grande de la historia judicial en la Comunitat Valenciana y la segunda de España. El propio abogado de la Generalitat apoyó la fijación de esta fianza millonaria contra el expresidente de Emarsa. Ayer a las 12 comunicaba a su equipo que se marchaba.
Crespo dice que le resulta "extraño" que el juez no le haya citado a declarar y arremete contra Hacienda
Enrique Crespo utilizó la rueda de prensa de ayer para "defender su honorabilidad" y quiso desmentir una información que, según él, le ha hecho mucho daño. Se trata de un informe de la Agencia Tributaria que aseguraba que el exalcalde de Manises disponía de 480.000 euros de bonos de la Generalitat. Crespo aportó un documento en el que demostraba que esos bonos en realidad eran por valor de 48.000 euros. "Quiero creer que el error de Hacienda es involuntario", aseguró, para recordar después que le resulta "extraño" que el juez no le haya llamado todavía a declarar. Crespo volvió a manifestar su deseo de comparecer ante él para aportar "toda la documentación que pondrá en evidencia informaciones que se han dado como veraces y que son erróneas o falaces" y rechazó ser "cabeza de turco". Crespo mostró su voluntad de "llegar hasta las últimas consecuencias en el caso Emarsa" y dijo no saber dónde está el dinero desviado de la depuradora y no conocer a Jorge Ignacio Roca, el fugado de Emarsa que habría recibido 11 millones de euros de la depuradora sin justificar. También afirmó no saber nada de depuradoras en Rumanía construidas por Emarsa. El expresidente de Emarsa destacó que el consejo de administración no decidía sobre la gestión diaria de la depuradora y que era quien votaba al gerente, que según reconoció fue propuesto por él mismo. El ya exvicepresidente de la diputación explicó que no había hablado con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "ni por el escándalo ni por su dimisión". "Creo que se han sacado conclusiones aceleradas" en el caso. s. pitarch valencia
