Nunca pensó Enrique Crespo que cuando firmaba la denuncia en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia estaba encendiendo la mecha de la mascletà que iba a poner fin a su carrera política. Aquel 3 de noviembre de 2010 caía un voluminoso expediente en manos del juez Vicente Ríos Segarra. Aquel hombre anónimo, que nadaba en el carril contiguo a Crespo en la piscina del complejo de la Calderona, se iba a convertir en su mayor pesadilla.

356 días después de recibir la documentación y varios interrogatorios a los principales implicados sirvieron al magistrado para imputar por cinco delitos diferentes al alcalde de Manises. Tres meses después, Crespo ha dejado todos sus cargos públicos y ha abandonado el partido en el que casi lo fue todo.

Pero antes de ser señalado por el dedo de la justicia Enrique Crespo fue inquisidor. Tras estallar el escándalo en la depuradora de Pinedo todo el mundo intuyó que ese saqueo de una empresa pública no era como otros. Los números llamaban la atención, en este momento se superan los 25 millones de euros de fraude, y el lodo que salía de las paredes de la planta sonrojaba a todo el mundo. De robo se pasó a saqueo. Entonces el PSPV empezó a pedir explicaciones al que fue presidente de Emarsa entre 2004 y 2010. Tras no recibirlas, los socialistas acudieron, primero a la Fiscalía Anticorrupción, y posteriormente al Tribunal de Cuentas. Ambos, junto al juez, ya indagan sobre el paradero de decenas de millones.

Forzado por este presión y siendo también presidente de la propietaria de Emarsa, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Crespo tuvo que mover ficha y actuar. El 3 de noviembre de 2010 presentó una querella en el juzgado que el 12 de enero de 2011 se admitió a trámite. En aquella primera denuncia, Crespo apuntaba contra el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y otras tres personas ahora imputadas. El 3 de marzo y tras aparecer nuevos implicados, Crespo presentó una ampliación de querella en la que denunció a 20 personas y pedía una fianza de 9 millones para Cuesta.

El juez prosigue sus investigaciones, pasa el verano de 2011 y llega septiembre. Empiezan a desfilar por el juzgado los primero imputados y testigos del caso. En sus declaraciones, Cuesta acusa directamente a Crespo y le hace responsable de todo lo que en la depuradora de Pinedo aconteció. Este testimonio es fundamental para que el juez instructor decida imputar el 25 de octubre a Enrique Crespo.

El magistrado empieza entonces a indagar en la gestión del exalcalde de Manises y en sus cuentas. La Agencia Tributaria también. Poco a poco y tras revelaciones como las hechas por Levante-EMV, la situación de Crespo empeora. Además y lo que debía haber sido un día feliz se convierte en un suplicio para el también exvicepresidente de la diputación. El exalcalde de Manises es agraciado con la lotería y sus declaraciones ante la prensa provocan que el juez le exija que aclare el premio para futuras peticiones de responsabilidad civil.

El pasado 30 de enero el instructor acepta la petición de la fiscalía de solicitar un fianza a los imputados. El magistrado va más allá y fija en 25 millones la cantidad que Crespo y otros 13 imputados tienen que asegurar. Tras su dimisión, Crespo tendrá todo el tiempo para preparar su defensa. Ya espera ansioso su declaración.