Con el adelanto de 420 millones del Gobierno y los créditos ICO, la Generalitat eludió in extremis hace semanas el fantasma de la quiebra. Pero eso no quiere decir que las cuentas autonómicas estén libres de incertidumbres. Una, muy seria, aguarda tras los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año cuya aprobación apremia la UE a Mariano Rajoy, pero que éste retrasa, aparentemente, hasta después de las andaluzas. No en balde, esas cuentas deberán contener medidas para asegurar el recorte de 20.000 millones exigido por la UE para que España cumpla con el 4,4% de déficit en 2012. En función de las previsiones que asuma Rajoy -desde un descenso de la economía española del 0,5%, como sugirió el Ejecutivo a las autonomías, al 1,5% previsto por el Banco de España que el FMI eleva al 1,7%-, la consecuencia directa es que habrá menos dinero para las comunidades, lo que obligará al Consell a aplicar recortes adicionales que oscilarán entre los 175 y los 300 millones.
La mayoría del dinero que recibe la Generalitat procede del Estado, ya sea vía anticipos mensuales a cuenta de la financiación derivada del modelo o mediante transferencias finalistas. Según los presupuestos de 2012, la inyección estatal representa el 70,88% del total, 9.748 de 13.754 millones. Y eso que estas son las cuentas más atípicas de los últimos años, toda vez que incluye la venta de inmuebles y solares por nada menos que 392,9 millones, el 2,86%. Unos recursos que dependen de la situación del mercado inmobiliario, nada propicio. Además, la opción de empeñarse aún más se fija en 1.479 millones (el 10,76%) que corresponden a la deuda que Madrid le ha autorizado a emitir con cargo a este año.
En realidad la dependencia de los fondos del Estado en el día a día es mucho mayor, sin contar con que la caja del Consell permite jugar con las retenciones a la Seguridad Social e IRPF que practica a los funcionarios y que, periódicamente, debe remitir a Madrid. La asfixia financiera de la Generalitat llegó a ser tan grave estas semanas que el Ejecutivo retuvo las cotizaciones sociales.
Las previsiones no se cumplirán
La predicción de Rajoy en los PGE, unida a la incertidumbre sobre la venta del patrimonio, convertirá los presupuestos autonómicos en papel mojado. Ya lo eran después de que el 5 de enero, dos semanas después de que las Corts aprobaran las cuentas, el Consell lanzara un decreto ley de medidas para reducir el déficit en 1.057 millones, de los que 700 son recortes en personal y Sanidad. El Ejecutivo impulsó este decreto al constatar que cerrará 2011 con un déficit en torno al 3,5%, el doble del exigido por Madrid. Sin embargo, el PGE volverá a pulverizar la previsión. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, elaboró las cuentas con la estimación de la fundación Funcas de un crecimiento de la economía del 1% (frente al 2,3% que apuntó meses antes el anterior Gobierno). Sobre esa base se fijaron los ingresos, por lo que ahora el socavón oscilará entre el 1,5% y el 2,5%. De momento, el dinero que las autonomías han recibido del Estado en enero se ha basado en los presupuestos de 2011. Conclusión: Los recursos van a caer, aunque se ignora cuánto.
La corrección de los PGE dañará las vías de ingreso sensibles a la evolución de la economía -impuestos directos e indirectos como el IRPF y el IVA, e incluso las tasas, entre otros- y a las transferencias estatales. En total, 11.687 millones que se pueden ver afectados, de forma que el impacto estaría entre 175 y 300 millones y obligaría a más recortes de gasto o mayor presión fiscal. Y ello con cálculos prudentes. El 1,5% de decrecimiento que prevé el Banco de España no es homogéneo: la demanda nacional cae un 4%, compensada con el aumento del 2,5% en las exportaciones.
El Fondo que no se cobrará
Como una familia con todos sus miembros en paro, la caja de la Generalitat está en situación de gran precariedad. Una bolsa que tiene muchas fuentes pero que la principal viene de Madrid. De los 13.754 millones de ingresos previstos, el 60,42% (8.309 millones) corresponde a los impuestos compartidos con el Estado, en los que la Generalitat tiene cedido un porcentaje de la recaudación. Se trata del IRPF, IVA y los impuestos especiales (gasolina, tabaco y otros). El Estado ingresa los fondos y transfiere a las autonomías anticipos a cuenta de la liquidación, dos años después. En julio pasado se saldó 2009. Los excesos en las entregas han conllevado que el Consell deba devolver a Madrid 1.707 millones de 2009 y otros 635 de 2008. Además hay consignados 1.438 millones en transferencias del Estado, que incluyen el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos (335 millones) y el adelanto del Fondo de Competitividad (651 millones). Estos últimos se derivan el sistema de financiación. En el caso del segundo, el Estado se niega a anticiparlo, como tampoco el de 2011. Otro motivo de desasosiego.
Al margen, la Generalitat ingresa directamente el dinero de los impuestos transferidos al 100% por el Estado: Sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En total, 1.187 millones, el 8,63% del total. No extraña que la Generalitat azuzara la llama del auge inmobiliario. Aunque estos recursos no pasan por Madrid, sí entran en el bombo del reparto del dinero derivado del sistema de financiación.
A partir de ahí el Consell tiene que echar mano de vías como las tasas y precios públicos, 752 millones, el 5,47%. El copago convierte a este capítulo en candidato a engordar a lo largo del año. Luego está la venta de patrimonio y la deuda. El resto son capítulos residuales: Por ingresos patrimoniales (intereses de sus cuentas, alquileres, concesiones) prevé recaudar 17,6 millones; mientras de la Unión Europea hay 142 millones, el 1%. Hasta de las diputaciones cobra, 34,5 millones, el 0,25%.
"Se dedican a endeudarse para amortizar deuda"
"La política del Consell se centra en encontrar la forma de endeudarse de nuevo para amortizar antiguas deudas", se lamentó el portavoz socialista de Economía en las Corts, Julián López, quien advirtió: "Incapaz de romper con el pasado, Fabra decide sacrificar la sanidad, la educación y las políticas sociales antes que poner fin a los excesos que heredó de Camps, y que se han convertido en los suyos propios". López se lamentó de que la Generalitat de Fabra "ha dado tantos giros en sus planteamientos que ahora son irreconocibles: dijeron que no subirían los impuestos para favorecer el empleo y ahora nos los suben a todos, y habrá más paro. Ni siquiera son capaces de reconocer que presentaron unos Presupuestos que no van a cumplir".
