Los centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana, que dan trabajo a 4.300 personas con discapacidad, han recibido 20 millones de euros del Consell apenas un mes después de que iniciaran un proceso de demanda judicial contra la Generalitat por el impago de todas las subvenciones de 2011 y parte de las ayudas de 2010. La deuda total de la administración autonómica con los 126 centros especiales ascendía a 27 millones, por lo que todavía quedan por cobrar unos seis millones de euros (aún no contabilizados y que esperan recibir en primavera).

Pero la asfixia que ahogaba al sector (con cinco ERE, dos suspensiones de pagos y cientos de nóminas adeudadas en medio año) ha terminado con las transferencias de dinero que el Consell realizó entre el jueves y el viernes pasado, según confirmó ayer a Levante-EMV el presidente de la Agrupación Empresarial Valenciana de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee), Juan José Serrano.

Ese dinero servirá para liquidar los préstamos a los que habían tenido que recurrir la gran mayoría de centros especiales de empleo para cubrir la parte que adeudaba la Generalitat. Incluso, en algunos casos, los padres de los discapacitados empleados habían tenido que actuar como prestamistas de sus centros ante la falta de entidades financieras que les concedieran créditos. Porque si los centros no justificaban el gasto, no podían cobrar la subvención del Consell, que financia la mitad de los salarios.

Este caso podría ser uno más de la crisis: impago del Consell, protestas de los afectados, y cobro retardado. Pero aquí concurren tres factores que lo hacen diferente. Primero, la vulnerabilidad de los afectados, mucho más difíciles de recolocar en cualquier otro sector que no sea éste propio de la discapacidad. Segundo, que más allá de la pancarta y la manifestación, los afectados habían recurrido a la justicia. Y tercero, porque la tradicional sumisión y falta de rebeldía ante las instituciones de este sector que tanto depende de ellas -ellos mismos se lo autocritican- se ha cambiado por una respuesta contundente ante los impagos. "Y ha funcionado", admite el presidente de Agevalcee, que también agradece la "implicación" de la nueva consellera, María José Català. Serrano augura que casi todos los centros retirarán la demanda, salvo aquellos que hayan pagado muchos intereses.