El titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules ha ordenado el embargo de los bienes inmuebles del expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, como pago por la fianza de 4,2 millones de euros que el magistrado impuso al político del PP tras la apertura de juicio oral.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Carlos Fabra y su exmujer, María de los Desamparados Fernández, han presentado una relación de bienes inmuebles que pueden estar sujetos a embargo, con especificación de gravámenes y cargas que puedan pesar sobre ellos, tales como préstamos hipotecarios. De esta manera, Fabra y su expareja responden a la petición que hizo la pasada semana el juez Jacobo Pin, que instó a ambos a depositar la fianza según los medios admitidos en derecho.

En el caso de la exmujer del dirigente provincial del PP la fianza asciende a 1,7 millones. La orden judicial afectaba también al empresario Vicente Vilar, el hombre que denunció a Carlos Fabra en el juzgado al interponer dos querellas contra él, y a Montserrat Vives, exesposa del industrial. El juez les reclamó una fianza de 800.000 euros, sin embargo, ninguno de los dos ha informado al juzgado de Nules sobre los bienes a embargar.

Carlos Fabra y María Amparo Fernández solicitaron a Pin una aclaración del auto que imponía la fianza y un mayor plazo para responder al requerimiento, peticiones que desestimó el juez, quien les dio tres días para informar de su relación de bienes. Esta decisión se produjo después de que, tras finalizar el plazo, las partes no verificasen las fianzas.

Los bienes declarados de Carlos Fabra ascienden a 3,9 millones de euros y sus deudas a 1,7 millones, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló del 22 de enero de 2011, cuando todavía era presidente de la Diputación, informa Europa Press.

Fabra declaró 599.623,03 euros en el apartado de bienes inmuebles según el valor catastral y el porcentaje de titularidad, a los que se suman 3.302.807 de euros correspondientes a otros bienes. En el pasivo aparecen créditos, préstamos y deudas por 1.715.821,94 euros. Y, en el tercer apartado, aparecen los ingresos por actividades por valor de 158.092,02 euros.

Por otra parte, el escrito de conclusiones provisionales de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, personada como acusación popular del caso Fabra, revela que el presidente provincial del PP pudo utilizar los más de treinta préstamos hipotecarios que tenía suscritos para "blanquear dinero", delito por el que no está imputado el dirigente del PP de Castelló, ya que será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Así, la UCE sostiene que el expresidente de la Diputación pudo realizar con dinero metálico el pago de vencimientos en diversas entidades bancarias "sin llamar tanto la atención", según han informado fuentes de la acusación popular. Fabra, Vilar, Fernández y Vives figuran como imputados en la causa, además del exsenador popular Miguel Prim.

Bancaja justifica el préstamo hasta 98 años

Bancaja aclaró ayer que Carlos Fabra saldó de forma anticipada el crédito hipotecario suscrito en 2002 con la entidad para adquirir un piso de 200 metros cuadrados en la plaza de las Salesas de Madrid, que en principio estaba previsto que venciera cuando el dirigente popular tuviese 98 años.

Fuentes de Bancaja explicaron que Fabra saldó ese crédito de manera anticipada y que, por lo tanto, esa operación "ya no está viva y no figura en el balance" de la entidad. Además, han recalcado que en su momento le concedieron ese préstamo hipotecario porque cumplía "todos los criterios de control del riesgo a los que se somete cualquier inversión crediticia". La UCE recoge esta operación en su escrito de calificación.