El Ejecutivo valenciano quiere enterrar los conflictos con el Estado que marcaron las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras dos legislaturas de enfrentamiento puro y duro, en las que el victimismo fue recurrente en los discursos del Consell, la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa ha inaugurado una etapa de colaboración institucional. El Ejecutivo de Alberto Fabra, huérfano ahora de discurso reivindicativo, está dispuesto a convencer a la opinión pública de que el cambio de signo político en la Moncloa será beneficioso para la Comunitat Valenciana. Y empezarán tratando de desbloquear aquellos asuntos más domésticos que el Consell en bandera de la supuesta marginación, como es el conflicto del Cabanyal o del Parany.
Con esta finalidad, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, mantuvieron ayer una reunión en la que acordaron solicitar al Ejecutivo central la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar la retirada de los recursos de inconstitucionalidad que pesan sobre algunas leyes autonómicas. En concreto, quieren llegar a un acuerdo sobre la Ley de Caza con el parany, la Ley de Régimen Económico Matrimonial, la Ley de Custodia Compartida o cuestiones como el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio valenciano del Cabanyal. Todas estas cuestiones están dirimiéndose en el Tribunal Constitucional como consecuencia de diversos recursos planteados en su día a instancias del Gobierno central con el respaldo jurídico de la Abogacía del Estado.
La polémica entorno a los locales de costa, los conocidos como los chiringuitos, también fue abordada en la reunión. El conseller Castellano reiteró su intención de reunirse con el MInisterio de Medio Ambiente para solicitar que prorrogue la moratoria a estos establecimientos mientras se modifica la ley de Costas. El Ejecutivo mantiene su intención de reclamar las competencias sobre la regulación de este tipos de locales en el litoral de la Comunitat Valenciana. El traspaso debe tratarse en la Comisión Mixta. El titular de Gobernación recordó que el Consell cuenta con un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la habilitación competencial estatutaria del Consell.
"No es un tema baladí", señaló el conseller, ya que "afecta a más 5.000 puestos de trabajo de manera directa", y a un sectores claves en la Comunitat Valenciana como son el servicios y el turismo.
Castellano mantuvo sus críticas hacia la gestión del anterior Gobierno al que acusó de mantener una "política errática, de discriminación o de intencionalidad política" contra la Comunitat Valenciana. Recordó que según datos del propio Ministerio de Administraciones Públicas sobre la conflictividad entre Estado y CCAA, el 24% eran conflictos de competencias o recursos de inconstitucionalidad a leyes valencianas, lo que implica que, "una de cada cuatro de toda España era contra la C. Valenciana y de los desistimientos no había ninguno a favor de la Comunitat", lamentó. Para Castellano con el Gobierno de Rajoy es posible volver a la senda de la normalidad y la lealtad entre ambas administraciones.
Sensibilidad absoluta
Por su parte, Paula Sánchez de León indicó que con el nuevo Gobierno central es el momento de "replantear" estos temas que preocupan a la Generalitat. La delegada del Gobierno aseguró que se establecerá un calendario de trabajo que, según afirmó, en las próximas semanas permitirá "desbloquear" los asuntos. Según aseguró que la "sensibilidad" del Gobierno "es absoluta".
