JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, renunció en enero de 2008 «por estética» a una plaza que había ganado en el Hospital General de Alicante y que le fue notificada dos meses después de su nombramiento como secretario autonómico. El gesto honró al responsable público pero ahora, el hombre que ha de acometer buena parte de los recortes en los servicios públicos y exigir a funcionarios e interinos importantes sacrificios en sus nóminas, incurre en una situación cuanto menos controvertida. Rosado, empadronado en Alicante, donde se encontraba el domicilio familiar cuando en julio de 2007 fue designado «número dos» de Sanidad, ha seguido percibiendo la indemnización por vivienda a pesar de que hace unos dos años compró un piso en Valencia, a un paso de la conselleria, en el que vive con su esposa, médico de familia en un centro de salud de Valencia.
El plus de vivienda le supone unos ingresos adicionales de 672 euros mensuales brutos (8.063,97 anuales), ya que la indemnización incrementa en un 14% los honorarios fijados para el cargo beneficiado. El sueldo de conseller es de 57.599,76 euros al año (tras la reducción del 15% aprobada en 2010), 4.799,98 euros en doce pagas.
El acuerdo del Consell que ampara la percepción de esta indemnización es del 8 de septiembre de 1995 y en él se justifica el pago en la necesidad de compensar a los altos cargos cuyo domicilio se encuentre a «determinada distancia» de Valencia por los «gastos extraordinarios» derivados del «cambio de residencia habitual» a que se vean obligados como consecuencia del nombramiento. El alquiler de un piso en Valencia, por ejemplo, encaja al dedillo con el concepto de «gastos extraordinarios» que debe cubrir la indemnización. Más discutible, en cambio, es que el plus sirva para pagar la hipoteca de un bien que ya es propiedad del alto cargo y donde reside, empadronamiento al margen, parte de la familia. Rosado, tras su nombramiento en 2007, estuvo en un piso en alquiler varios años hasta que su situación cambió al comprar el piso.
No es el único que ha hecho esta operación. El primero, el expresidente Eduardo Zaplana quien, de alquilado en Valencia pasó a propietario de un piso en una de las fincas más lujosas de la ciudad, en septiembre de 1995. Ese mismo mes cambió el acuerdo que regulaba hasta entonces la indemnización, de la etapa del Consell de Lerma, para eliminar el requisito de que se mantuviera la «unidad familiar y residencia» en el anterior domicilio. Así pudo cobrar el plus. Otros altos cargos han calcado después la jugada, con la que se han pagado al menos parte de un bien inmobiliario en Valencia o que han vendido al dejar el puesto, logrando así una plusvalía. Lo único que se pide a los 12 cargos que actualmente cobran el plus es que mantengan el empadronamiento fuera de Valencia.
«No hay incompatibilidad»
«No hay ninguna incompatibilidad», defendió ayer un portavoz de Sanidad, que recalcó que, en caso contrario, la Intervención General habría puesto reparos. La misma fuente destacó que el conseller y su esposa están empadronados en Alicante, donde sí residen los hijos y, añadió, sigue estando el «domicilio y residencia familiar». Allí acude el conseller, apuntó, los fines de semana o cuando el trabajo se lo permite. «Su residencia en Valencia es circunstancial, mientras tenga la responsabilidad», defendió, para alegar que el que la indemnización se destine a un alquiler o a la hipoteca de una vivienda en propiedad ya es una cuestión del alto cargo.