Resulta insólito en la historia mundial de los trasvases pero quienes tienen que ceder el agua no han puesto ningún obstáculo—hasta ahora— y quienes reciben el agua que no tienen y que dicen necesitar los ponen todos: judiciales, políticos y hasta físicos, colocando los tubos de hormigón lejos de donde figuraba en el proyecto inicial y encareciendo con ello el precio final del agua. El trasvase Júcar-Vinalopó, con origen en el azud de la Marquesa (Cullera) y final en el embalse de Alhorines (Villena), es una realidad. Sin embargo, las aguas no corren todavía: permanecen tan estancadas y próximas a la putrefacción como el conflicto político que ha ensombrecido un proyecto que el sur de la Comunitat Valenciana reclama desde el siglo XVI y que, según se mire, ni siquiera le hace falta a uno de los destinatarios: los abastecimientos urbanos de la Marina Baixa. Demasiado para una obra que ha costado ya 303 millones de euros de los que la Comisión Europea ha puesto 120 millones.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo presidente, Juan José Moragues, espera un relevo que todavía no se ha producido, ha elaborado un informe para el nuevo Gobierno en el que expone el relato de los hechos que han conducido al «impasse actual»; explica las razones que obligaron a cambiar el lugar de la toma—desde Cortes de Pallás a Cullera—, y rechaza con argumentos técnicos la posibilidad de una segunda toma en Antella que recurrentemente solicitan los usuarios alicantinos.
El informe está dirigido claramente a Madrid y seguro que no gusta ni a la Generalitat —alineada desde el primer momento con los usuarios de Alicante— ni a los regantes alicantinos. Sin los socialistas en la Moncloa y con gobiernos del PP en España y en la Comunitat Valenciana, el combustible ha dejado de llegar a la hoguera y el pragmatismo —dar por bueno lo hecho y dar un uso a la obra— podría imponerse en las próximas semanas.
No hacía falta el trasvase
El informe recuerda que si el objetivo del trasvase era hacer que las aguas del Júcar pudieran llegar físicamente al Vinalopó no hacía falta el trasvase. Las aguas almacenadas en Alarcón pueden llegar ya al Vinalopó a través del trasvase Tajo-Segura sin necesidad de infraestructuras adicionales. El problema es que el agua de Alarcón, aunque pública, tiene destinatarios comprometidos y no hay recursos disponibles para terceros. Tampoco hay agua sobrante en Cortes de Pallás, ni en Tous, ni en Antella, sostiene la CHJ. Otra cosa es que alguien en Alicante estuviera dispuesta a pagar por derechos que otros poseen. Pero eso no serían los sobrantes que impone el Plan Hidrológico del Júcar.
Sin agua suficiente
Con los datos del proyecto —el inicial promovido por el Gobierno de José María Aznar, que llegó a colocar la primera piedra y a iniciar la construcción en Cortes-La Muela— se constata que hasta 1982 se podrían haber trasvasado 80 hm3 todos los años. Pero desde entonces existen 13 años en los que no se puede trasvasar ningún volumen y en otros tres años, cantidades insignificantes. En el propio proyecto se constata que, en los últimos 16 años se hubiesen trasvasado un total de 50 hm3 entre todos ellos.
El Gobierno ignoró la contundencia de estos datos y siguió adelante pese a las dudas sobre la rentabilidad de una infraestructura condenada a permanecer ociosa muchos meses al año que planteó el principal financiador de la obra: el Banco Europeo de Inversiones.
El 13 de julio de 2001, la empresa Aguas del Júcar , sin el concurso de la Comisión de Gobierno de la CHJ (la única con competencias) y haciendo una lectura interesada de Plan Hidrológico del Júcar, acordó con los usuarios del Vinalopó destinar 35 hm3 de los 80 teóricos al abastecimiento de la Marina Baixa, lo que situó este volumen al mismo nivel que derechos tan consolidados como el abastecimiento de Albacete, el de Sagunto y el de Valencia y su área metropolitana y por encima del de los regantes históricos del Júcar y los de Iberdrola, que reclamó un lucro cesante de 0,021euros el metro cúbico (1.680.000 euros anuales si se trasvasaran los 80 hm3). De pronto, un cambio administrativo colocaba en el primer puesto el agua para la Marina Baixa y el Vinalopó y aguas abajo se reducían las garantías de abastecimiento para un millón de personas.
Generalitat y usuarios del Vinalopó han justificado esta decisión en la necesidad de que los abastecimientos urbanos de la Marina Baixa (Benidorm, entre otros) financien parte del coste de bombear caudales desde el Júcar para la agricultura del Vinalopó, menos rentable que el turismo. Todavía hoy piden una potabilizadora e insisten en vincular los abastecimientos de la Marina con el Júcar.
Sin embargo, la Marina Baixa es, objetivamente, la comarca con mayores garantías de abastecimiento sin necesidad del agua del Vinalopó, y así se subraya en el informe de la CHJ. Puede recibir agua del Júcar y del Tajo a través del trasvase Tajo-Segura, de los acuíferos de Villena, a los que contribuyen a esquilmar, de las desaladoras de Alicante y Murcia , del Taibilla y del Segura y de los ríos Algar y Amadorio. Pedir agua del Júcar-Vinalopó, concebido inicialmente para recuperar los acuíferos del Vinalopó, no es aceptable para la CHJ ni para los usuarios del Júcar.
A consecuencia de este debate abierto, sumado a la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló el Plan Hidrológico del Júcar en lo relativo al trasvase, el Gobierno decidió llevar la toma al Azud de la Marquesa. Los pleitos, más de una decena, las manifestaciones y el boicot a las obras no han logrado paralizar el trasvase. La obra está hecha, falta ahora un acuerdo que no puede tardar para que no se convierta en un carísimo monumento a la vergüenza.
