En un largo debate de más de tres horas y varias más de negociación, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, consiguió, durante la primera jornada del congreso del PP que arrancó ayer en Sevilla, sacar adelante una nueva redacción de los estatutos del partido que, de alguna manera, supone un «plan de choque» contra las investigaciones por corrupción que azotan a los populares valencianos. El PP, a partir de ahora, abrirá expediente —primero informativo y, con posterioridad, disciplinario cuando se señale juicio— a sus cargos públicos imputados en procedimientos por corrupción; y, en último extremo, procederá a su expulsión en el momento que se dicte sentencia condenatoria. En todos los casos, la dirección del PP se reserva la posibilidad de, en cualquier momento, proceder a una suspensión temporal de militancia en función de la gravedad del asunto.

La resolución del cónclave del PP, aprobada en comisión con un único voto en contra y que hoy será defendida por el propio Alberto Fabra para su ratificación en el plenario, supondrá, apuntaron fuentes populares, que a renglón seguido del congreso se pueda proceder a la apertura de un expediente disciplinario contra el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra, que ya tiene fecha señalada para la celebración del juicio. Y, al tiempo, la puesta en marcha de un expediente informativo, por ejemplo, contra el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en la operación Brugal.

La lista de posibles afectados

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también sería expedientada y tendría que dar explicaciones a la cúpula popular en el supuesto de que, finalmente, acabara imputada en la investigación por el supuesto amaño del plan urbanístico de la capital. También estarían en esta misma situación los altos cargos —entre otros, Ricardo Costa, David Serra o Milagrosa Martínez— pendientes del sumario por la supuesta financiación ilegal PP de la Comunidad. Son ejemplos del cambio al que, de cumplirse a rajatabla los estatutos, se enfrenta el partido.

Alberto Fabra necesitaba salir del congreso, al menos, con un «triunfo» que le permitiera volver a la C. Valenciana con argumentos para rebatir a la oposición, cebada en atacar al PP por su pasividad en los casos de corrupción. Y, desde luego, el presidente de la Generalitat ha aprovechado su posición como ponente de los nuevos estatutos del PP para que, al menos, los populares dispongan de una «hoja de ruta» para afrontar esta lacra. «Desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado (...), se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial», señala de forma textual el documento que, además, mantiene la posibilidad de las suspensiones temporales a lo largo del procedimiento. Continúa vigente, igualmente, la expulsión del PP de los militantes con sentencias que incluyan inhabilitación o cárcel. Y, además, se ha aprobado una carta de compromisos con conductas ejemplares, que todos los cargos públicos tendrán que firmar y aceptar.

Pese a los esfuerzos de Fabra, la secretaria del PP, Dolores de Cospedal, sin embargo, durante su informe de gestión, vendió los éxitos electorales pero evitó hablar de corrupción y pasó de puntillas sobre la renuncia de Camps. «Se han producido relevos por diversas circunstancias en Baleares o Valencia», se limitó a decir.