El pasado miércoles echó a andar la comisión de investigación sobre la saqueada empresa pública Emarsa con la elección del presidente y la constitución de la mesa. Los 15 diputados que investigarán el escándalo, ocho del PP, cinco del PSOE, una de Compromís y una de EUPV, intentarán averiguar qué pasó en la depuradora de Pinedo para que en la actualidad haya 22 millones de euros en paradero desconocido y la justicia haya imputado a 27 personas, entre ellos el exgerente de la planta Esteban Cuesta y el expresidente y exconsejero delegado, Enrique Crespo. Este último ha tenido que dejar la alcaldía de Manises tras 13 años y la vicepresidencia de la Diputación de Valencia por su implicación en el escándalo y tras pedirle el juez 25 millones de fianza.
Los tres partidos de la oposición en la Cámara ya han confirmado que pretenden saber por qué la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, dependiente de la Generalitat, duplicó la inyección de capital a Emarsa entre a 2004 y 2010 pese a tratar la misma agua. Cabe recordar que sólo a través del canon la depuradora de Pinedo recibió 121 millones de euros en siete años.
Dos personas son clave en este periodo para conocer la relación entre Emarsa y la Epsar. Se trata del exgerente de la Epsar José Juan Morenilla y el jefe de Explotaciones Ignacio Bernácer. Ambos deben acudir como testigos al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y, además, los tres partidos de la oposición pedirán su comparecencia. De momento, el PP no se ha pronunciado sobre estas personas aunque desde el Consell se ha defendido el trabajo de esta entidad dependiente ahora de la Conselleria de Agricultura.
El viceportavoz del PP en las Corts y miembro de la comisión de investigación, Rafael Maluenda, aseguró que su partido tiene la intención de llegar «hasta las últimas consecuencias». Maluenda defendió que esta investigación parlamentaria no se habría podido llevar a cabo sin la voluntad de su partido y del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Cabe recordar que Fabra anunció esta medida el mismo día en que salió a la luz que el exgerente de la depuradora se había alojado en hoteles de lujo de Benicàssim y Alicante con traductoras rumanas de poco más de 20 años.
Y es que Fabra ha mostrado en más de una ocasión su malestar por el saqueo que sufrió la empresa pública. Entre otros gastos peregrinos, se encuentran los viajes por todo el mundo a costa de la depuradora de Pinedo y en concreto las expediciones de empresarios imputados y directivos de Emarsa a Rumanía. De momento, la versión oficial de estas visitas a Bucarest es que la empresa pública intentaba conseguir recursos externos con la gestión de plantas depuradoras.
El caso Emarsa afecta a una decena de cargos del PP aunque, hasta ahora, el partido sólo ha suspendido de militancia a Esteban Cuesta, exalcalde pedáneo de Benimàmet y expresidente del PP de Poblats de l’Oest. Enrique Crespo se dio de baja del partido cuando dimitió de todos sus cargos por el escándalo. Sobre las vinculaciones de miembros del PP en el escándalo espera indagar la que será la portavoz del PSPV en la comisión y secretaria de la mesa, la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez. «Esperamos que todas las personas que tengan mucho que ver acudan a comparecer ante la comisión», aseguró. Martínez pide a Fabra que «cumpla y se llegue hasta el final». La también diputada socialista abanderó la propuesta de que la comisión de investigación la presidiera una miembro de la oposición para ganar en «transparencia», pero ayer este periódico ya publicó que quien dirigirá la investigación será el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.
De la misma opinión que Martínez es la que será la portavoz de Compromís en la comisión, la diputada Mònica Oltra. «En esta comisión sabremos si lo que ha hecho Fabra es un intento de investigar y acabar con la corrupción o simplemente un lavado de cara y un brindis al sol», defendió. Oltra se pregunta cómo es posible que la Epsar aumentara la financiación de Emarsa «sin rechistar» y «sin control» sobre en qué se estaban gastando el dinero. Como Martínez, Oltra también piensa que investigar la Epsar es fundamental para aclararlo «todo».
La síndica de EUPV en las Corts, Marga Sanz, será la portavoz de la formación de izquierdas en la comisión de investigación. Sanz pretende que con la comisión «se pueda conocer cuáles han sido los mecanismos del saqueo». «Contamos con que el propio proceso judicial favorezca la transparencia de nuestra investigación, ya que, por suerte ya se conocen muchos de los entresijos del escandalo», argumentó Sanz.
Estos entresijos han venido siendo revelados por Levante-EMV desde que hace más de un año y medio saltara el escándalo con la publicación de los elevados sueldos de los directivos de la depuradora de Pinedo. Según estas averiguaciones y la instrucción judicial, varias empresas de lodos cobraron 15 millones de euros sin realizar un sólo servicio. Estas firmas fueron vaciadas de capital a través de compras ficticias y transferencias al extranjero y también mediante la extracción de grandes cantidades de dinero a través de cajeros automáticos.
Otras de las tramas que se entremezclaron en el saqueo de la depuradora fue, según el juez, la encabezada por la familia García Martínez. Empresas de informática y mantenimiento propiedad del jefe de Informática de Emarsa y sus hermanos cobraron unos cinco millones con presuntamente facturas hinchadas o servicios no prestados.
Los elevados sueldos y los regalos de lujo a determinadas personas hicieron el resto. Un silencio sepulcral se posó sobre la depuradora durante 2004 y 2010.
