MERCEDES GALLEGO
Es tal la obsesión por centrar las declaraciones en el marco de su actividad docente y porque no se traspase la línea divisoria que ha trazado entre sus clases y la abogacía que elige para realizar la entrevista su despacho en la Universidad de Valencia, un pequeño cubículo desordenado a cuyas puertas esperaban el pasado lunes, bien avanzada la tarde, un grupo de estudiantes para asistir a un seminario «de los que no sirven para aprobar», precisa, con el catedrático. Defensor a ultranza de que hasta el ser más despreciable tenga derecho a un proceso justo, critica tanto la formación para los futuros juristas que propugna el plan Bolonia como que todos los partidos que llegan al Gobierno utilicen el Derecho Penal para conseguir votos. Pese a contar con una nutrida cartera de clientes dedicados a la vida pública, no cree que los políticos sean peores que otros ciudadanos y lamenta que se tenga una valoración tan pobre de ellos «porque sin clase política no hay sociedad», matiza.
¿Está de acuerdo con la idea lanzada por el Gobierno de castigar penalmente la mala gestión del dinero público?
Nuestro ordenamiento tiene un arsenal enorme de preceptos para combatir malas conductas en el ámbito de la Administración y hasta para castigar la corrupción entre particulares, pero a todos los gobiernos les da por modificar el Código Penal para quedar bien con sus votantes. Son iniciativas que sobran y, además, luego veremos lo que crean porque tienen que ser actuaciones dolosas, no conductas negligentes.
¿Ve acertado recurrir al Derecho Penal para estas cuestiones?
Pero si es que ya se recurre. El Código Penal castiga la malversación de caudales públicos, que también es corrupción, el cohecho, la prevaricación, las negociaciones prohibidas a los funcionarios... y, si además se traslada el delito societario entre particulares al ámbito de lo público, va a ser difícil encontrar un espacio que no esté ya regulado. El temor de todos los penalistas es que los gobiernos se pongan a tirar de la máquina del Derecho Penal buscando votos. Hay resortes de sobra, sin olvidar el poder coactivo de la Administración.
¿Es suficiente con eso?
Si funciona bien la prevención y la intervención no hace falta tanto Derecho Penal.
¿Quiere decir esto que en la Comunidad Valenciana, dada la situación en que se encuentra, no funcionó ese control previo?
No soy administrativista pero tengo claro que la intervención del Derecho Penal debe reservarse para lo último, para lo más grave. Y el ámbito preventivo de la Administración es esencial para que los bienes jurídicos se preserven porque el Derecho Penal siempre llega tarde, cuando el muerto está muerto, cuando el tío ya se ha llevado el dinero...
No ha dicho si en la Comunidad falló ese control previo.
No lo sé.
¿Estaría justificado en este caso la intervención del Derecho Penal?
En eso no debo entrar porque aquí se puede dar un salto a lo que son nombres y apellidos... y no me atrevería a decir si la situación es mala por los del aquí o por los de Madrid porque no lo sé. Lo que mantengo es que es muy importante la prevención del gasto antes de decir que se van a crear delitos para el que gaste más.
Aquí ya se ha gastado. ¿Estaría justificada esa intervención?
No conozco el menor elemento para decir si estaría justificado porque no sé a qué se debe el déficit
Pero el déficit está ahí.
El que exista déficit no significa que se tenga que aplicar el Código Penal, eso sería una barbaridad jurídica. Si hay falsedades documentales, sí que es delito, pero intentar tipificar otra cosa es muy difícil salvo que quieran crear un cargo análogo al societario elevado al ámbito de la función pública, que también existe ya.
Y lo de la CAM, ¿qué sería?
Tendría que ver papeles para decir si existe o no responsabilidad penal.
Si usted hubiera cometido un delito, ¿preferiría que le juzgara un jurado popular o un tribunal formado por jueces?
Es mal momento para esa pregunta... pero, bueno, respondería que el tribunal que lo hiciera con más Justicia. Lo que sí que digo es que las competencias que tiene el jurado son limitadas, que habría que ampliarlas, añadir delitos de opinión, de manifestación, los que tienen que ver con lo que los ciudadanos piensan. Y, como institución constitucional, existen sentencias del Supremo que animan a salir al paso de cierta animadversión antijuradista detectada en algunos círculos jurídicos.
¿Habla del jurado puro?
Sí, como el que hay en España. Al mixto, el escabinado, siempre le he tenido miedo porque los jueces técnicos podrían imponerse sobre los legos.
¿Un tribunal popular no es más influenciable que uno técnico por la presión ambiental?
Creo que no. Lo que habría que regular es la posibilidad de cambiar de lugar por si los juicios paralelos contaminan al jurado, pero probar eso es muy complicado.
En cualquier caso, ¿es cierto que es más fácil que un jurado absuelva a un culpable a que lo haga un tribunal técnico?
Si, pero solo por un tema de votos, porque hacen falta siete para condenar, no por predisposición. En otros países se precisa unanimidad. Y luego está el in dubio pro reo, en el momento que se dude ya está fundamentado.
Usted defendió hace más de dos décadas a una clínica en Alicante investigada por practicar abortos. ¿Los cambios anunciados para esta ley por el ministro de Justicia pueden volver a aflorar los abortos clandestinos?
La ley de plazos es claramente constitucional y lo que ahora se plantea es retrógrado y reaccionario en la protección de los derechos de las mujeres pero que afecta a toda la sociedad. El aborto es algo superado desde el punto de vista técnico-jurídico y claro que un cambio en el sentido que se plantea potenciaría el aborto clandestino, la migración abortiva... Se trata de un tema más ficticio que real porque el aborto no tiene ideología, es algo muy personal. Es lamentable y una vuelta a atrás en la protección de los derechos fundamentales en este país.
¿Qué piensa del endurecimiento de la legislación que afecta a los menores también anunciada por Gallardón?
Que me parece mal legislar buscando el voto del ciudadano, que es lo que se hace cuando se plantea el endurecimiento de las leyes en determinados momentos. La normativa del menor es cautelar, de protección, y de carácter formativo en vez de represor. Abundar en la idea de la represión es una grave equivocación y más grave aún es intentar resolver las posibles contradicciones entre juicios de mayores y de menores diciendo que a los menores se les va a enjuiciar como mayores cuando el supuesto delito lo cometan juntos. Lo que hay que hacer es coordinar las dos jurisdicciones para evitar contradicciones.
¿Y de la cadena perpetua revisable?
Eso, además de artificial y eufemístico, es un gravísimo retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales. La Constitución prevé la resocialización con las penas privativas de libertad, luego habría que modificar ese artículo. Se intenta salvar el escollo diciendo que, al ser revisable, el fin de la resocialización es posible, pero en realidad se pone la pelota en los tejados de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria. También se ha dicho que se tendrá en cuenta el clima social, algo que, si se plasma por escrito, creo que hará que resuciten penalistas que murieron hace años para clamar en contra de esta medida. Sería lamentable. También se vulneraría el artículo 15 de la Constitución que prohibe la penas inhumanas y/o degradantes. Y a partir de un número determinado de años de prisión la pena se convierte en eso. Insisto en que una pena permanente, aunque sea revisable, es inhumana y está prohibida por la Constitución. Por eso creo que es importante salir al paso de estas cosas y hacerlo desde posiciones no especialmente progresistas.
¿Lo dice por usted?
Lo que digo es que lo que estoy planteando no es especialmente progresista sino algo propio de un Estado de Derecho.
¿Está tirando el Gobierno por el camino del populismo?
Los partidos políticos en materia penal son, por lo general, populistas, y creo que los juristas tenemos la obligación de llamar a las cosas por su nombre. Duele oír hablar otra vez de cadena perpetua después de tantos años.
¿Cree que serán mayoría los juristas que rechacen estas medidas?
Sería deseable. La reforma de Aznar de 2003, que fue absolutamente reaccionaria, de reacción contra los derechos fundamentales, dio lugar a que la mayor parte de los catedráticos y profesores de Derecho Penal de España firmáramos un manifiesto en contra. A falta de verlas por escrito las medidas que ha anunciado el actual Gobierno son también reaccionarias. En una sociedad donde existe Guantánamo, uno de los efectos mayores de degradación por parte del aparato del Estado hacia los ciudadanos, terroristas o no terroristas, árabes o no árabes, y la gente está en su casa tan tranquila hay que estar alerta. Los movimientos de Derecho Penal hacia atrás son muy peligrosos porque nos llevan a una cultura de aceptar todo.
¿Ve algún problema en que sean los notarios, en vez de los jueces, quienes casen y separen?
Resulta indiferente dónde hagan un contrato unos ciudadanos si va a tener el mismo valor jurídico. Y será bueno para los notarios, que van a tener así más trabajo.
¿En qué medida aliviaría este cambio a los problemas de la Justicia?
En que no se tiraría arroz a las puertas de los juzgados.
¿Ve justificadas las protestas de los letrados por la rebaja en las tarifas del turno de oficio o considera que tiene razón la Generalitat cuando dice que cobran demasiado?
No se puede atacar el turno de oficio porque se ataca a la libertad de los ciudadanos en el derecho más básico, que es de defensa, y que afecta precisamente al sector más necesitado de la sociedad. Eso al margen de que la abogacía constituye una profesión básica para el Estado de Derecho. No estoy reclamando que los abogados vivan del turno de oficio sino una retribución justa y que no se rediseñe ni se elimine nada. En el proceso penal no puede haber restricciones en contra del ciudadano y menos del ciudadano más marginado.
Usted, que con el caso Naseiro logró que las escuchas telefónicas se regularan, ¿qué opina de procesos en que estas intervenciones se han prolongado durante años?
Hace falta reformar la ley. La Justicia se fundamenta en la idea de la proporcionalidad y cualquier medida restrictiva de un derecho tiene que adecuarse a ese criterio.
¿Y de las filtraciones del contenido de los sumarios?
Hay que regularlo mejor porque el derecho no puede estar en contra de la realidad social. Hay cosas de la que los abogados nos enteramos por los periódicos y eso es patético, además de afectar tanto a la investigación como a la dignidad de las víctimas y de los presuntos autores. Y además está el peligro de los juicios paralelos.
Usted ha defendido a políticos de todos los colores, a violadores, a empresas que incumplían la normativa en materia de salud ... ¿Ha rechazado algún caso por principios?
Hasta el ser más reprobable tiene derecho de defensa y es en esos casos donde realmente se ve a un abogado.
¿El Supremo ha desactivado al juez Garzón?
No puedo pronunciarme porque los hechos por los que ha sido condenado se pueden relacionar con un procedimiento (por el de los trajes de Camps) en el que he intervenido como abogado y no quiero que mi opinión, que la tengo muy clara, se interprete como interesada.
Según el magistrado de este tribunal José Ramón Soriano, pese a los ataques por los procesos contra el ya exjuez, todos los juristas de este país entienden lo que se está haciendo. ¿Lo comprende usted?
Hay que respetar a todos los tribunales, abogados, jueces, fiscales y procuradores de este país.
¿Prescriben los crímenes de las dictaduras?
Existe un planteamiento de no prescripción de determinados delitos, la cuestión es si es retroactivo a hechos producidos antes de que se consideraran no prescritos. Entiendo que la no prescripción no debe tener excepciones y en un Estado de Derecho no ha de existir por seguridad jurídica.
¿Qué respuesta debe dar la Justicia entonces a las familias de las víctimas del franquismo?
Este país debería profundizar en encontrar soluciones que no sean jurídico-penales porque el Derecho Penal no es la panacea. En este caso está el Derecho Administrativo.
¿Cuánto de política encierra la Justicia?
Cualquier procedimiento judicial tiene connotaciones sociales y políticas mayores o menores, pero creo que los juristas debemos intentar, otra cosa es que lo consigamos, que el procedimiento penal se produzca de un modo tal que se resuelva desde el punto de vista técnico-jurídico y ajeno a toda consideración que no sea de ese tipo.
¿La Justicia es igual para todos, como dice el Rey?
Es igual pero no porque lo diga el Rey, me fío más de los juristas.
Unas declaraciones a este diario del magistrado Soriano, a quien usted dirigió su tesis, han revolucionado el mundo judicial al afirmar que él citaría a la infanta Cristina en la investigación del Instituto Noos y que si a su marido hay que meterle en la cárcel, se le mete. ¿Comparte su criterio?
Mi criterio es el obvio, el que todo el mundo es igual ante la ley, pero no voy a entrar a analizar un procedimiento en el que será el juez que lo instruye quien tendrá que decidir las citaciones.
Todos somos iguales ante la ley pero la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha asegurado, en relación a este caso y para justificar que no se grabe la declaración del yerno del Rey, que no todos los imputados son iguales. ¿En qué quedamos?
Repito que la ley es igual para todos.
Entonces, el que se graben las declaraciones en unos casos y no se graben en otros, ¿supone un privilegio?
El principio de igualdad no es lineal, si hay algo que, en aras a la protección de los derechos fundamentales, aconseje un trato desigual, pues ha de aplicarse.
¿Cree usted que en los grandes casos de corrupción la Justicia dará la respuesta que esperan los ciudadanos?
Tanto en los casos de corrupción como en cualquier otro caso los tribunales deben responder en términos de igualdad.
¿En qué medida la corrupción ha contribuido a la imagen tan pobre que en estos momentos se tiene de los políticos?
No es justo que porque se produzcan determinadas situaciones se generalice cuando yo creo que la mayoría de la gente que trabaja en política es honesta. No veo motivos para pensar que los políticos son especialmente malos, lo que ocurre es que están más expuestos. Y no es bueno ese deterioro porque no conocemos otro sistema mejor.
¿Veo que es de lo creen que la clase política?
No solo creo sino que tengo la obligación de creer. Sin política no hay sociedad aunque lo ideal sería que no se profesionalizara.
¿Un político imputado en un asunto de corrupción debe dimitir?
No puedo responder a eso porque, aunque hable en general, se puede interpretar de mil formas por terceros que dirían «el abogado de Camps dice...» y no quiero eso. Creo que no hay que demonizar al imputado, que solo es el que va al juzgado acompañando de un abogado, y que tienen que ser los partidos los que han de ponerse de acuerdo en lo que deben hacer.
Usted ha ejercido la defensa de políticos como Blasco, Cartagena, Naseiro, Camps y, ahora, a Carlos Fabra. ¿Cree, como penalista, que a los representantes público se le debe exigir una dosis más elevada de honestidad?
Una persona privada no tiene que darle cuentas a nadie mientras una persona pública sí ha de hacerlo.
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