El juez que investiga el saqueo en la depuradora de Pinedo no ha encontrado, de momento, el dinero público presuntamente desviado tras las primeras pesquisas patrimoniales. En un auto fechado el pasado viernes, el instructor reconoce que tras las investigaciones a los bienes de los principales imputados "se concluye que no se ha encontrado en el patrimonio de los imputados ni una pequeña parte del dinero presuntamente desviado de la función pública a la que estaba destinado".
Este es uno de los argumentos que utiliza el instructor para justificar la investigación a los familiares más allegados del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y el expresidente y exconsejero delegado de la extinta empresa pública Enrique Crespo. El magistrado recuerda que en el caso de Cuesta podría disponer de hasta tres viviendas en Valencia y una en Menimàmet que no están a su nombre.
En el caso de Cuesta, el juez también ha visto un extraño movimiento de patrimonio de su familia que reside en Casas Ibáñez. En concreto de su hermano y su madre. El magistrado, tras unas investigaciones ha conseguido descubrir que unas obras en el domicilio familiar y en una nave ganadera. Estas obra superan los 60.000 euros y fueron abonadas por una de las firmas investigadas, en concreto Construcciones y Reformas Rocafort, la empresa perteneciente a la familia del exjefe de Informática de la planta, Sebastián García Martínez.
El juez ha descubierto que fue el propio Cuesta el que ordenó a una empresa de Casas Ibáñez que cobrara estas reformas a Construcciones Rocafort, investigada por presuntamente haber cobrado de Emarsa por servicios no prestados. Esta firma llegó a abonar hasta el gasóleo para la calefacción y la construcción de una caballeriza.
El juez no ha imputado a ningún familiar pero considera imprescindible indagar sobre el patrimonio de estas personas por si se hubieran beneficiado.
