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El fiscal Pedro Horrach sospecha que detrás de este proyecto de los Juegos Europeos existe una presunta trama corrupta que podría beneficiar a un empresario de la comunicación y puede, incluso, que se sobornara a varios políticos de la Generalitat. El instituto Nóos compartió este proyecto con la empresa Looby, propiedad del empresario Miguel Zorío, quien también está imputado. El acuerdo entre ambas empresas es que el Lobby se quedaría con un tercio de los beneficios, y el resto se ingresarían en las arcas de la empresa que dirigía Urdangarin y su socio. El acuerdo entre la empresa y la Generalitat establecía que cada factura que se presentara para ser abonada con dinero público debía ir acompañada con una justificación del trabajo que se pretendía cobrar. El propio Urdangarin reconoció que no entendía como a través del Lobby se podía cobrar a la Generalitat una factura de 240.000 euros por la elaboración de una serie de informes deportivos. El más llamativo de todos es uno que explica en qué consiste el deporte del fútbol, pero hay otros que detallan la composición de las federaciones deportivas, información que fácilmente se puede encontrar en internet. Los investigadores están convencidos que Zorio era la conexión entre Nóos y los responsables políticos de la Generalitat valenciana que aprobaron los convenios de colaboración.

Urdangarin, siguiendo el mismo guión, se desmarcó de las líneas generales del proyecto sobre los Juegos Europeos, y confesó que su socio Diego Torres le escondió un acuerdo económico con el empresario Zorío, al que le pagaron a través del instituto Nóos más de 500.000 euros para su colaboración en este proyecto deportivo. Pero a pesar de que desconocía este acuerdo con este empresario, Zorío es una de las pocas personas a la que comunica su enfado por la gestión de su socio, del que sospecha que le está robando. El duque también reconoce que el instituto Nóos no solo ha presentado facturas falsas a través de diferentes empresas, sino que también las ha pagado. Se refiere a 18 facturas por un total de 581.000 euros abonadas en mayo de 2006 que emite el Lobby contra el instituto por unos trabajos que nunca se habían realizado.