Ocho empresas de residencias de la tercera edad, entre las que se encuentra la que ha pertenecido a la familia del presidente de las Corts Juan Cotino (Centros Residenciales Savia), han demandado al Consell ante el TSJ para exigir que Bienestar Social concierte, "con reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de plazas", todas las plazas disponibles en estas residencias. Las ocho mercantiles forman parte del grupo de empresas que ya gozan de un trato preferencial en la administración: gracias a los cupos extraordinarios de accesibilidad creados por Rafael Blasco y ampliados por Juan Cotino, estas empresas tienen 2.447 plazas concertadas por la Generalitat (que paga a 57,05 euros por día) y otras 1.856 plazas (pagadas a 58,30 euros por día) que el Consell prorroga cada seis meses. En total, 4.303 plazas.

Ahora, la pretensión de estas mercantiles es que la Generalitat concierte "la totalidad" de las plazas de estos centros antes que en ninguna otra residencia. Aproximadamente, esto equivale a subvencionarles otras 2.000 plazas, según calculan diversas fuentes del sector, que dejarían de estar cubiertas por otras residencias más pequeñas.

Además, las ocho empresas reclaman a la Conselleria de Bienestar Social una indemnización por no haberle concertado todas las plazas en los últimos años y haber recurrido a los servicios de otras empresas.

La relación de privilegio de estas empresas arranca en la década pasada, cuando la Generalitat acordó con la iniciativa privada la construcción de residencias con 9.000 plazas para dependientes a cambio de asegurarles la ocupación del 33% de sus edificios con personas mayores derivadas y pagadas por el Consell. Luego, Cotino eliminó la barrera del 33% de plazas con ayuda pública y amplió el cupo. Ahora, las empresas afectadas consideran que tienen derecho a que la administración les concierte -y les pague- todas las plazas, y además piden una indemnización.

El presidente de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunitat Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, que representa a más de 200 centros, aseguró ayer a este periódico que la patronal que preside va a personarse en el caso. "Queremos ver qué cantidad exigen y qué argumentos esgrimen para justificar la reclamación de exclusividad", dijo.