La Generalitat ha «hipotecado» la caza y la extracción de madera de los montes de su propiedad por periodos que van desde los cinco hasta los 20 años y cantidades aparentemente ridículas en varias subastas inéditas en la historia forestal española, donde ese tipo de aprovechamientos, denominados «ordinarios», se plantean, especialmente para la madera y solo en zonas de producción forestal, por periodos de un año.
La subasta realizada por la Generalitat en diversos montes de la provincia de Valencia— no se han adjudicado montes en Castelló y solo pequeñas superficies en Alicante— supone que empresas privadas, a cambio a veces de unos cantidades menores, tendrán la exclusividad sobre las cortas de madera en 26.660 hectáreas de monte público de la Generalitat y por un plazo de 20 años. Según este concurso, cuya resolución debería haberse producido hace unas semanas y que se encuentra paralizado por causas desconocidas, las empresas agraciadas deberían pagar un monto total de 35.900 euros cada año por un volumen estimado de madera de 2.872 metros cúbicos a los que se suman 862 toneladas de biomasa.
La fórmula adoptada contrasta con la tradicional y vigente en todas las comunidades autónomas españolas en la que se adjudica un determinado volumen de madera en una zona muy concreta —incluso en parcelas específicas en las que previamente la Administración hace un señalamiento—y con la obligación de retirarla en unos meses.
En el caso de la Comunitat Valenciana, donde la mayoría de los montes no tienen capacidad para producir madera en términos comerciales, el concurso resulta todavía más discutible.
Organizaciones ecologistas y de estudio de la naturaleza creen que estos espacios forestales propiedad de todos los valencianos deberían ser liberados de impactos como el que plantea el aprovechamiento «ordinario» y se dedicaran exclusivamente a la protección de la fauna silvestre — y no a la caza— o al mantenimiento y mejora de la biodiversidad forestal, propiciando la evolución de la vegetación hacia bosques maduros.
Una extracción de madera de estas características realizadas en 2011 en el monte «Santis», de Bicorp, que ahora sale de nuevo a concurso para 20 años, ya fue denunciada entonces por Ecologistas en Acción.
Para los ecologistas no es «aceptable» convertir los montes públicos en escenarios para el tiro al blanco y como suministradores de madera barata.
«Liquidación»
Dentro de este espíritu de «liquidación» del patrimonio público se incluye también la decisión de sacar a subasta 37 aprovechamientos de caza en montes públicos propiedad de la Generalitat, algunos de ellos coincidentes con los de los aprovechamientos madereros antes citados y circunscritos a la provincia de Valencia.
Gracias a esta subasta, ya resuelta por la Generalitat Valenciana, además de algunas sociedades de cazadores que copan la mayor parte de las adjudicaciones, empresas privadas y particulares con grandes propiedades forestales, controlan la caza en amplias zonas de Valencia.
Los resultados de la subasta permiten, por ejemplo, que por 2.500 euros + IVA se pueda cazar en exclusiva en más de 1.000 hectáreas de las Casas de Cárcel y el Retorno o por el mismo importe en 1.729 hectáreas de las Casas del Doctor, ambas en pleno parque natural de las Hoces del Cabriel.
