Hoy, uno de marzo, está marcado en rojo en el calendario de miles de empleados públicos valencianos. Es el día que entra en vigor el decreto de medidas urgentes aprobadas por el Ejecutivo valenciano el pasado día 5 de enero y que, entre otras cuestiones, conlleva importantes reducciones salariales a médicos, docentes e interinos. Los ánimos en la función pública están encendidos y los sindicatos están que trinan, ya que no sólo no han podido parar el decreto con sus protestas sino que además medio centenar de delegados sindicales se enfrentan a sanciones por los encierros protagonizados en edificios públicos. La policía autonómica, dependiente de la Generalitat, ha denunciado por ocupación ilegal a un total de 55 miembros de las juntas de personal y del comité de empresa por las protestas en las conselleries. La denuncia por la vía penal firmada por el comisario jefe está en curso y, de hecho, varios de los denunciados han sido dictados para el día 20 de marzo por el juzgado. Aunque desde el Consell se desentienden del conflicto y atribuyen la denuncia a la policía, lo cierto es que los agentes, adscritos a la Generalitat, acudieron a la llamada del Ejecutivo cuando los delegados estaban encerrados. Los sindicalistas, además, aseguran que pidieron autorización para reunirse.

La respuesta del Consell ante los encierros ha indignado a los sindicatos que, ayer, mantuvieron una reunión en la que se unificaron posturas de cara a la Mesa General de la Función Pública convocada por la Conselleria de Hacienda para hoy. El conseller José Manuel Vela presentó hace dos días a los sindicatos una propuesta para, en apariencia, tratar de suavizar las medidas adoptadas en el capítulo de personal. El documento, sin embargo, es considerado una señuelo por los sindicatos ya que se limita a recordar que los recortes se anularán el 1 de enero de 2014. Como novedad, se recoge que a partir de 2013 en el caso del personal sanitario el recorte del complemento retributivo de la carrera profesional será menor (un 25 % en lugar del 50 %) siempre y cuando el PIB autonómico crezca un 0,5 %. Este escenario es muy improbable, ya que la economía continúa en recesión. El documento incluye el compromiso de reducir un 5 % la temporalidad en 2015 con ofertas de empleo público. El guiño a los docentes es que se mantendrán las 18 horas lectivas y que se mantendrá el número de funcionarios interinos que hayan obtenido vacante al inicio del curso 2011-2012. Hacienda afirma también que no despedirá interinos en dos años. En cuanto al horario, se establece el de permanencia obligatoria de 9 a 14 horas.

Los gestos de Hacienda, sin embargo, no son suficientes para acercar posturas. Los sindicatos exigen, para empezar a hablar, que se retiren las denuncias y, después el decreto. Hoy no habrá acuerdo.

Desbarajuste al aplicar el recorte salarial y de jornada

El Consell se dio un margen de dos meses para aplicar el decreto de medidas urgentes en el capítulo de personal de la Generalitat, pero su entrada en vigor no estará exento de cierto caos. De momento, dos colectivos importantes, los de Justicia y los laborales temporales se van a librar de la reducción horaria y salarial. Los primeros, que en teoría según el decreto sí se verían afectados —hasta un 5 % según la norma que aprobó el Consell— se salvan por cuestiones de legalidad. Ayer recibieron una circular en la que la responsable de Recursos Humanos de la Conselleria de Justicia les informaba que estaban sujetos a la normativa estatal.

Por otro lado, los laborales temporales tanto de la Generalitat como de las empresas públicas seguirán también con su salario y su jornada. La reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha eliminado la fórmula de ERE de reducción de jornada para el personal laboral, por lo que el Consell tiene las manos atadas. «O los despide o no podrá obligarles a reducir horario y salario», apuntaba ayer una fuente sindical. De hecho, aunque hace unos días las empresas públicas recibieron instrucciones para la aplicación del decreto del Consell; ayer no recibieron comunicación alguna. Fuentes sindicales no pudieron precisar a cuántas personas finalmente le será de aplicación unas medidas, que, auguran, van a suponer un caos en la administración, ya que hay servicios que no podrán atenderse debidamente.

En medio de esta confusión, el personal del Instituto Valenciano de la Vivienda —más de 300 personas— no habían cobrado la nómina correspondiente al mes de febrero. Según fuentes sindicales, la dirección del Instituto les comunicó que carecían de dinero para pagar y confesaron que desconocen en qué momento se podrán abonar las nóminas.