El Ejecutivo que preside Alberto Fabra intentó ayer conseguir una tregua con las organizaciones sindicales con el objetivo de rebajar la presión en la calle como consecuencia de los recortes presupuestarios. Por primera vez en la historia de una reunión de la Mesa General de Negociación de la Función Pública tres consellers -los titulares de Hacienda, Educación y Sanidad, José Manuel Vela, Maria José Catalá y Luis Rosado- se sentaron frente a frente con los representantes de los sindicatos para tratar de frenar unas movilizaciones que están teniendo una importante repercusión social.
La reunión terminó sin acuerdo, pero sin portazo. No sin cierta sorpresa por parte de los responsables de la Generalitat, los sindicatos, que no quieren que se les acuse de intransigencia, aceptaron crear un grupo de trabajo para a partir del lunes empezar a negociar aspectos concretos del decreto-ley aprobado por el Consell el 5 de enero para reducir el déficit. Las medidas, que en una parte importate afectan al bolsillo de miles de funcionarios, fueron adoptadas sin mediar negociación. Tras dos meses de encierros y manifestaciones, el Ejecutivo quiere rebajar la tensión y ha empezado a hacer algunos gestos. Hace dos días, el titular de Hacienda, José Manuel Vela, hizo llegar un documento a los sindicatos en los que en apariencia se suaviza el decreto que ayer entró en vigor y que, entre otras cuestiones, implica una reducción de un tercio de la jornada y del sueldo de unos 1.500 interinos y la reducción a la mitad a los complementos retributivos que cobran los docentes y los sanitarios (sexenios y carrera profesional).
Sobre la base del decreto -que el Consell se niega a suspender- Vela propone una serie de medidas compensatorias, entre las que destaca, el compromiso de no despedir a interinos. Se incluye también la promesa de reducir los complemento de sexenios y carrera profesional (el 25 % en lugar del 50 %) en el caso de crecimiento del 0,5 % del PIB regional para el año 2013, así como el mantenimiento de las 18 horas lectivas semanales en enseñanza secundaria.
Junto al documento, que ya el día anterior los sindicatos consideraron insuficientes, Vela se esmeró en convencer a los sindicatos de que si la situación de las arcas autonómicas mejora la vigencia del decreto podría acortarse a un año. En su intento de convencer a los sindicatos para que desconvocaran las protestas, Vela llegó a prometerles que destinaría la mitad del ahorro en el gasto energético a compensar los recortes salariales. Si Rajoy, argumentó, conseguía flexibilizar los objetivos de déficit, también el Consell tendría más margen para suavizar sus recortes. El titular de Hacienda apeló también a los créditos del ICO para dibujar un escenario en el que fuera posible paliar el tijeretazo. Ahora bien, se mantuvo firme en que, por ahora, el decreto debería seguir en vigor. Eso sí, también en un gesto claro para rebajar la tensión, Vela se comprometió en plantear hoy en el pleno del Consell la retirada de la denuncia presentada por la policía autonómica contra medio centenar de delegados sindicales por los encierros. Vela, que es consciente de que todo el desgate por los recortes está recayendo en él a pesar de que los más severos inciden en Educación y Sanidad, sumó a Catalá y Rosado a su compromiso. Ambos, que no intervinieron durante la reunión, asintieron. Tal como informó ayer este diario, unos 55 sindicalistas se enfrentan a sanciones tras que la policía les denunciara por ocupación ilegal de varios edificios públicos.
Tras la intervención de Vela, los sindicatos pidieron un receso para unificar posturas. Al reanudarse la sesión, el secretario general de la FSP-UGT, Luis Lozano, que actuó de portavoz, dejó claro que las movilizaciones seguirían el calendario previsto pero que estaban dispuestos a hablar de los aspectos concretos del decreto.
Aunque la posibilidad de un acuerdo es muy remoto, Hacienda optó por destacar los aspectos positivos de la reunión. Vela se mostró optimista ante la prensa y admitió que pensaba que no habría ningún acuerdo". "No ha habido ruptura y se inicia un proceso de diálogo con el fin de alcanzar un acuerdo que la sociedad está demandando", aseveró. Con todo, los sindicatos lo tienen claro: "no se puede hacer caja a costa de los empleados públicos".
EU acusa a Fabra de persecución sindical
EU mostró ayer su solidaridad con los delegados sindicales denunciados y acusó al presidente Fabra de persecución sindical. En un comunicado el portavoz de EU, Ignacio Blanco, subrayó que los sindicalistas estaban ejerciendo sus derechos y su obligación de defender los intereses de los trabajadores públicos. Además, señaló que los encierros se llevaron a cabo sin ningún tipo de incidente ni daño. Blanco responsabilizó al conseller de Gobernación, Serafín Castellano, de quien depende la policía autonómica y aseguró que las reuniones tenían autorización. No todos los encierros han acabado en el juzgado.
