El Consell, al igual que el resto de autonomías del PP, cerró filas con el Gobierno central y aprobó anoche en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el objetivo del 1,5 % del déficit respecto al PIB para todas las comunidades en 2012 impuesto por el Ejecutivo de Rajoy. Una meta que, a la luz de la liquidación de 2011, que la Generalitat cerró con un déficit de 3.800 millones —el 3,68%, frente al objetivo del 1,3 % y la media autonómica del 2,9 %—, comportará un recorte adicional este año de unos 1.500 millones, a añadir a los 1.057 millones del decreto ley de medidas urgentes para paliar el déficit que el Ejecutivo valenciano aprobó la víspera de Reyes. Sólo Andalucía votó en contra del 1,5 %, mientras que Cataluña y Canarias se abstuvieron.
El voto disciplinado de la Generalitat tuvo su contrapartida acto seguido, ya que se aprobó por unanimidad el mecanismo para saldar la deuda de las autonomías con los proveedores. Una vez que cada comunidad certifique sus débitos ante el Estado, éste se encargará de arbitrar los pagos mediante las entidades financieras colaboradoras a partir del 1 de mayo. Por eso ayer no hubo cifras, ni del montante global (se ha hablado de unos 35.000 millones) ni del cupo que corresponderá a la C. Valenciana. El Consell, que deberá devolver estos fondos al ICO en 10 años a un interés del 5,5 % (con dos años de carencia), logra liquidez para pagar a los proveedores. A cambio, tendrá que apretarse el cinturón más de lo previsto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, celebró la aprobación del límite del 1,5 % —que se enmarca en el objetivo global para todas las administraciones en España de reducir los números rojos del 8,5 % al 5,8 %, frente al 4,4 % exigido por la UE— al considerar que envía un mensaje adecuado a los mercados y atribuyó el no de Andalucía a las elecciones. La vinculación entre la ayuda del Estado y el plan de proveedores quedó clara en la rueda de prensa posterior de Montoro. «Si Andalucía no se ajusta al 1,5 %, ¿quedará fuera del plan de proveedores?», se le preguntó, a lo que contestó que esa financiación vía ICO «está condicionada a los planes de saneamiento; los planes son los que habilitarán el acceso». Esto es, la inyección no es gratis; el apoyo es a cambio de sacrificios. Y muchos.
«Nadie debe tener pereza en corregir su desviación», dijo Montoro, quien consideró «inconveniente, inútil e inoportuno» el argumento, esgrimido por Andalucía, de que el Estado está pidiendo un mayor esfuerzo a las comunidades que el que se exige a sí mismo. Y es que la suavización del déficit global de 4,4 al 5,8% no es igual para todos: mientras el Gobierno se lo ha relajado del 3,2 al 4%, a las comunidades sólo se les ha ampliado del 1,3 al 1,5%.
Ajustes y subidas de impuestos
Andalucía tachó el objetivo de «inadecuado e insensible» con las comunidades, que son las que prestan los servicios básicos, por lo que a su juicio se está poniendo en riesgo el Estado de Bienestar. Cataluña vinculó su abstención a los Presupuestos del Estado y reprochó que si se pide a las autonomías el 1,5%, lo lógico es que el Gobierno se lo hubiera subido hasta un máximo del 3,8%. El País Vasco también criticó el reparto del déficit aunque no votaba ayer ya que, como Navarra, tiene un régimen foral. Varias autonomías avanzaron abiertamente que tendrán que hacer ajustes. Incluso Baleares y Extremadura anunciaron posibles subidas de impuestos. Las comunidades deberán recortar unos 15.600 millones.
Y eso que en la reunión —a la que asistieron el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y el de Economía, Máximo Buch— tampoco se puso números al recorte. Vela, quien calificó de «razonable» el límite del 1,5%, señaló que no habrá «una cifra definitiva hasta que el Estado no apruebe los Presupuestos Generales para este año y conozcamos las entregas a cuenta». Con todo, sostuvo que el ajuste «no tendrá que ser muy importante puesto que en la C. Valenciana ya presupuestamos con mucha prudencia». Un argumento similar empleó Buch, quien tras admitir que habrá que hacer «un ajuste» adicional, insistió en que el presupuesto de 2012 estaba enfocado hacia un déficit del 1,3% aunque en un escenario de crecimiento del 1%, frente a la caída del 1,7% que marcará Rajoy. Las cuentas de 2011 también se enmarcaron en un déficit del 1,3% y acabaron con el 3,68% y 3.800 millones más de gastos que de ingresos.
Vela calificó de «histórico» el acuerdo sobre proveedores y resaltó que el actual Gobierno del PP «ha hecho más que el del PSOE en ocho años». Con todo, Montoro dejó otra mala noticia: En la reunión, dijo el ministro, no se habló de la reforma del sistema de financiación, como ha pedido el presidente Alberto Fabra, porque no es el momento. «El objetivo ahora es acabar con la crisis cuanto antes», remató.
El PSPV advierte que el ajuste será mayor por las facturas escondidas
El portavoz de Hacienda del PSPV en las Corts, Julián López, advirtió ayer que el recorte que deberá hacer el Consell para cumplir este año el objetivo del déficit del 1,5% será incluso superior a los 1.500 millones, al recordar la «práctica habitual» del PPCV de guardar facturas en los cajones. Según explicó, al cierre de 2010, según la Sindicatura, la Generalitat dejó sin reconocer deuda de Sanidad de más de 1.000 millones. López se preguntó «de dónde va a ajustar Alberto Fabra» para poder cumplir, y avisó de que «si hay más recortes en la Educación y la Sanidad, si Fabra mete la tijera de nuevo en los sueldos de los trabajadores públicos, nos encontrarán en frente, porque estará atacando los pilares del Estado del Bienestar». El portavoz de Compromís, Enric Morera, emplazó a Fabra a «plantarle cara a Madrid» para defender el Estado de Bienestar de los valencianos, mientras que la síndica de EU, Marga Sanz acusó al Consell de mentir y aseguró que el nuevo «tijeretazo» «tocará ineludiblemente los servicios» y traerá el copago.
