El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, trató ayer de calmar el debate abierto sobre los planes de Mariano Rajoy para reformar las administraciones y que podría hacer peligrar la continuidad en la Comunitat Valenciana de instituciones, como el Síndic de Greuges o el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Esta hasta hace poco línea roja ya se ha cruzado en comunidades como la de Castilla-La Mancha cuya presidenta y número dos del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha eliminado el defensor del pueblo y el Consejo Económico y Social. Preguntado ayer sobre si el Consell se planteaba eliminar este tipo de instituciones, el portavoz afirmó que la cuestión no está en estos momentos encima de la mesa, si bien, reconoció que en el proceso de "optimización" de recursos públicos están incluidas todas las entidades.

El Consell se prepara para albergar una cumbre de presidentes autonómicos presidida por Mariano Rajoy en la que se abordará la reforma de las administraciones. En el PPCV se da por hecho que Génova está dispuesta a pactar con las autonomías un adelgazamiento de instituciones como las diputaciones y también órganos consultivos. El defensor del pueblo valenciano está blindado, al igual que el resto de instituciones de la Generalitat, en el Estatuto de Autonomía, si bien esto no podría ser un obstáculo toda vez que una ley orgánica -que tiene el mismo rango que las normas estatutarias- podría dar libertad a las autonomías para la supresión de estos organismo. En la situación actual es difícil que el Consell plante cara. Otras autonomías, como Cataluña y el País Vasco, no sometidas a las directrices de Génova sí podrían defender la continuidad de estos organismos con tradición histórica, como es el caso del Síndic de Greuges.

Aunque el PP no va a apostar por la eliminación de las diputaciones, si podría reducirlas a la mínima expresión. En la Comunitat Valenciana, este escenario permitiría al presidente Alberto Fabra reducir el poder territorial de los barones provinciales.

Aunque la eliminación del Síndic de Greuges no es del agrado del Consell, también se es consciente de que Cospedal podría imponer su criterio para no quedar en evidencia. De entrada, es la única comunidad que ha sacrificado estos órganos que a la postre suponen una garantía para los ciudadanos frente a posibles abusos de las administraciones. También se ha liquidado el defensor regional en La Rioja, blindado en el Estatuto. En este caso, se optó por ahogarlo económicamente y su responsable optó por dimitir.

Pero no todos los dirigentes del PP opinan igual. El candidato a la presidencia de Andalucía, Javier Arenas, ha afirmado que si gana los comicios mantendrá la institución que tramita las quejas de los ciudadanos. En Aragón, el Partido Aragonés, en pacto con el PP de Luisa Fernanda Rudi, se opone frontalmente a la eliminación del Justicia de Aragón. El rechazo es público también en Navarra y Canarias, donde se acaba de nombrar para el puesto al exministro Jerónimo Saavedra.

El Consell no se ha pronunciado públicamente en defensa de la continuidad de estos organismos. El CJC es otro candidato, toda vez que ya existe la Abogacía de la Generalitat y el Consejo de Estado, pero el obstáculo es que es refugio de los expresidentes.