La trama de ONG, empresas y funcionarios de la extinta Conselleria de Solidaridad investigada por la justicia por presuntamente haber defraudado 7 millones de euros de ayudas al Tercer Mundo lo tenía todo previsto y estudiado. Hasta explicaban a las organizaciones implicadas cómo debían realizar el desvío de dinero hacia las firmas «amigas», como relata el gráfico que publica hoy Levante-EMV y que obra en poder de la juez de instrucción Nieves Molina. Este documento fue elaborado de puño y letra por los cabecillas de la trama y se encontró entre los expedientes de la Fundación Hemisferio, que ahora están siendo investigados.

El documento plantea cómo y cuándo se deben realizar los pagos. La contraparte de la ONG en la República Dominicana contacta con tres empresas para que hagan el proyecto, dos de ellas afines (marcadas con una sonrisa). Una vez hecho el presunto trabajo la matriz en Valencia les abona el coste real a través de su contraparte para que puedan realizarlo. Entonces las firmas emiten la factura supuestamente hinchada. Cuando llegan a Valencia y se conoce el montante se envía entonces el pago B hasta completar el valor del justificante de pago.

De esta manera, la ONG tiene justificados los pagos pero ha abonado dinero en A y en B, algo que ha facilitado que las facturas estén hinchadas. De hecho, llama la atención que sólo las empresas con la sonrisa reciben el pago en B, que no se realiza hasta tener las documentos que justifiquen el pago. De esa manera, las empresas afines reciben el coste de los trabajos realizados y el dinero de más es el que se desvía para la trama. La mercantil X3 sería una firma que se contrataría para darle credibilidad al paripé o directamente porque las firmas del entramado no alcanzaban a hacer determinados trabajos.

Fudersa realizó varios proyectos en República Dominicana por los que Arcmed y Dinamiz-e, fundadores de la matriz de la trama, se llevaron 330.000 euros.

Pero este no fue siempre el modus operandi, ya que algunos de los proyectos ni se habrían comenzado con el consiguiente desvío del 100 % de la subvención.

Un caso flagrante fue el de la ONG Ceiba en dos proyectos en Guinea Ecuatorial. El 88 % del total de las subvenciones fue a parar a empresas relacionadas con Hemisferio, según las órdenes de pago en poder de Levante-EMV.

En el proyecto para evitar la violencia sexual, la empresa de Alfonso Navarro Torres, fundador de Hemisferio, recibió 170.700 euros por realizar seis talleres valorados en 22.000 euros cada uno, según la factura que obra en poder de este periódico.

Avance abogados, firma del secretario de Hemisferio y quién directamente efectuaba los pagos de Ceiba al ser apoderado, José Bollaín, recibió 5.939 euros por un informe de evaluación. La propia ONG impulsora de las ayudas también cobró 17.840 euros por gastos indirectos. También facturó Desfa SL 38.655 euros por el envío de productos farmacéuticos. Esta firma tiene como administrador único a Joaquín Blasco López, voluntario técnico en Hemisferio y con suficiente poder en la fundación como para acompañar al director general de Cooperación y ahora imputado, Josep Maria Felip, en su viaje a Haití para seguir en primera persona los contactos de la construcción del hospital de la Generalitat.

La empresa de Joaquín Blasco también facturó a Ceiba en su otro proyecto en Guinea Ecuatorial. En este caso, Desfa SL cobró 187.000 euros por productos farmacéuticos. Delivery Barnes, la firma que administra María Pilar Segura Crespo, también presidenta de Desfa SL, percibió 70.886 euros por el envío de alimentos terapéuticos. La asesoría de Bollaín, quien directamente ordenaba los pagos desde la cuenta de Ceiba, también recibió 6.001 euros por el informe de evaluación. La propia Hemisferio facturó en este proyecto hasta 72.768 euros por gastos de personal, manutención y viajes.

Las firmas de las personas relacionadas con Hemisferio cobraron en 2009 de los proyectos en Guinea 579.259 euros.

La cuenta atrás para el síndic Rafael Blasco

La trama de ONG, empresas y funcionarios públicos de la extinta Conselleria de Solidaritat desarticulada por la policía puede ser la puntilla del síndic del PP en las Corts, Rafael Blasco, como ya contó Levante-EMV. Según ha podido saber este periódico, en Presidencia de la Generalitat esperan a que haya algún movimiento judicial sobre el veterano político para destituirlo de su actual puesto en la Cámara, como ya hicieran con los hombres fuertes de Blasco en Cooperación cuando fueron detenidos. Si la magistrada no toma ninguna decisión respecto al síndic del PP en los próximos meses, su final político podría llegar tras el congreso del PPCV, a mitad de mayo. El presidente del partido, Alberto Fabra, podría aprovechar la remodelación para apartar a Blasco de la primera línea. Nombrar a su propio equipo podría ser la excusa. s. p. valencia

Nuevos documentos llegan a la Fiscalía

La diputada autonómica de EUPV Marina Albiol amplió ayer la documentación sobre el caso y entregó a la Fiscalía más documentación sobre la presunta trama en las ayudas otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía a diferentes fundaciones. En concreto, presentó una copia del expediente del hospital de Haití al cual tuvo acceso hace unas semanas y los informes de la empresa subcontratada por la conselleria para evaluar los proyectos de cooperación para las ayudas del año pasado.

Albiol señaló que el expediente del proyecto del hospital de Haití «ya mostraba las dudas» que planteó la propia abogacía de la Generalitat Valenciana. Así, considera que las políticas de «propaganda y clientelismo —que perpetraba Rafael Blasco, entonces conseller— «han acabado siendo investigadas por la justicia y han fracasado completamente».

«Y este fracaso—añadió— ha tenido un altísimo coste para las ONG valencianas con experiencia y solvencia, que han visto como sus proyectos se quedaban sin financiación por parte de la conselleria por primera vez en su historia».

Ante esta situación, Albiol considera que el hecho que Blasco continúe de síndico del grupo parlamentario del PP en las Corts es una «bomba de relojería» para el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, «en la medida que puede acabar imputado en función de los pasos de la investigación». Para la diputada, el exconseller «se ha convertido en el peor enemigo de la cooperación y la solidaridad de los valencianos».Según la diputada de EUPV, todo esto «lo demuestran ejemplos como el de los más de 170.000 euros que la conselleria recaudó en aportaciones solidarias».