La trama de ONG, empresas y funcionarios que, según la policía, defraudó entre 7 y 9 millones de euros de ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo tenía todo tipo de firmas propias para hacer proyectos de toda índole. El número dos de Hemisferio, Joaquín Blasco, cobró a través de su empresa farmacéutica Desfa y otra afín llamada Delivery Barnes, al menos, unos 370.000 euros en medicinas y evaluaciones en dos proyectos en República Dominicana y Guinea Ecuatorial, según documentación que obra en el sumario judicial y en poder de Levante-EMV. Cabe recordar que el entramado también disponía de tres constructoras y dos consultoras, que supuestamente hacían los estudios técnicos.
Joaquín Blasco, que no tiene ningún parentesco con el exconseller de Solidaridad que dio las ayudas, Rafael Blasco, dirigía Hemisferio en la sombra junto al empresario ahora en prisión provisional, César Augusto Tauroni. Fuentes conocedoras del caso aseguran que Joaquín Blasco ya habría sido interrogado por la juez instructora Nieves Molina, aunque no confirmaron si fue uno de los detenido por la policía ni si está imputado como otras 19 personas.
Joaquín Blasco tenía un despacho en la Fundación Hemisferio desde donde dirigía las acciones de los trabajadores para captar ONG, según correos electrónicos en poder de este periódico. Pese a ser dirigente, la empresa de la que era administrador único y consejero delegado en 2008 y 2009 cobró de proyectos que gestionó Hemisferio. Se trata de dos evaluaciones del uso de plaguicidas en dos proyectos en República Dominicana por los que la firma percibió 80.429,76 euros.
Desfa, que también fue proveedora de la Generalitat, cobró por otros dos proyectos en Guinea Ecuatorial 187.000 euros y 38.655 euros respectivamente por el envío de productos farmacéuticos para la ONG de la trama Ceiba. Se desconoce si este supuesto envío llegó a sus destinatarios, ya que el contenedor estuvo nueve meses paralizado en el puerto de Malabo, según confirmó a este periódico tras estallar el escándalo Apolonio Mba, presidente de la organización. Estas medicinas iban teóricamente para la lucha contra el sida.
En la actualidad, Desfa se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado 31 de mayo de 2011, justo en los días en que el Fiscal Anticorrupción denunció la trama ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. La presidenta de Desfa era María Pilar Segura Crespo, quien a su vez administraba Delivery Barnes. Esta mercantil percibió 70.886 euros de la trama por el supuesto envío de alimentos terapéuticos a Guinea Ecuatorial. Estos artículos también estaban en el contenedor que quedó bloqueado en el puerto.
Llama la atención el objeto social de esta mercantil, ya que compagina servicios relativos a la propiedad inmobiliaria con otros a la propiedad industrial, como el supuesto envío de alimentos terapéuticos a Malabo.
La fundación Hemisferio, que controlaba Joaquín Blasco y Tauroni, tenía mancomunadas las cuentas de las ONG que asesoraba. Así, las órdenes de pago las hacía directa o indirectamente el propio Joaquín Blasco a sus empresas.
Todos estos abonos se hicieron efectivos, como demostró la diputada de Compromís Mireia Mollà cuando denunció la trama ante la Fiscalía. Mollà aportó todos los justificantes de pago que, en muchos casos tienen fecha anterior a empezar el proyecto.
El PP veta que las Corts se personen
La mayoría del PP en la Mesa de las Corts vetó ayer la tramitación de una iniciativa de la diputada de Compromís Mireia Mollà en la que pedía que la Cámara se persone en la causa por la trama de ONG, toda vez que el propio Parlamento donó 40.000 euros -de un total de 177.000 aportados por los valencianos y otros organismos- como ayuda humanitaria a Haití. La entonces Conselleria de Solidaridad, dirigida por el actual portavoz del PP, Rafael Blasco, puso esos fondos en manos de la Fundación Hemisferio, supuesta matriz de la trama. El argumento fue que el reglamento no prevé la personación. El PP de la Mesa también rechazó la petición del PSPV para que el informe del Síndic sobre las ayudas que sirvieron para comprar inmuebles en Valencia se publique y el auditor comparezca. El PP blindó así parlamentariamente a Blasco en el caso de las ONG.
