Especialistas de diferentes servicios del hospital General que prescriben entre una o dos recetas de productos ortoprotésicos al año han descubierto con sorpresa e indignación que su firma había sido falsificada en centenares de prescripciones durante los años 2009 y 2010, que fue cuando la Central de Compras de la Conselleria de Sanidad detectó una facturación abusiva y fraudulenta en ese centro hospitalario en servicios como Neurocirugía, Medicina Interna que habitualmente no ordenan este tipo de productos a sus pacientes. El monto de la estafa podría rondar el millón de euros.
Durante los últimos meses, la gerencia del hospital General ha tomado declaración a un centenar de médicos de seis servicios diferentes (Traumatología, Rehabilitación y Medicina Física, Cirugía Ortopédica, Neurología, Neurocirugía y Medicina Interna) a quienes se les mostró las recetas que se les atribuía para cotejar si la rúbrica que aparecía al pie del documento era suya o no.
Entre el centenar de médicos interrogados hay dos jefes de servicio.
El resultado de las comparecencias ha dado a conocer que el 90 % de los especialistas no reconoció su firma en la prescripción que se le adjudicaba que, en la mayoría de los casos, además llevaba el número de colegiado como garantía añadida y el cuño del servicio, que también era falso.
Seis mil recetas
El volumen del fraude es de unas cinco mil recetas en las que aparecen todo tipo de productos: sillas de ruedas, corsés, collarines, muletas, fajas, prótesis infantiles, si bien en la investigación se examinan seis mil recetas en total.
Las dos ortopedias investigadas por presunta estafa que investiga el juzgado de instrucción número 17 de Valencia proporcionaban material al hospital General y a otros centros hospitalarios de Valencia, según confirmó la Conselleria de Sanidad.
La investigación también ha descubierto que se falseaban diagnósticos de pacientes para justificar la prescripción de productos que no necesitaban para su recuperación.
En los últimos meses, la Policía Judicial se ha entrevistado con los destinatarios de las seis mil recetas investigadas para confirmar, en primer lugar, si eran ciudadanos reales y, posteriormente, si habían retirado el artículo prescrito.
"Modus operandi"
Fuentes próximas al hospital señalaron que la mayor parte de los productos fueron recogidos por los usuarios, si bien en muchos casos se engordaron lo precios, de tal modo que una faja que podía costar cien euros se facturó a la Conselleria de Sanidad por mil.
En cuanto al "modus operandi", las mismas fuentes indicaron que el personal de las ortopedias retiraba los formularios de indicación de tratamiento de los mostradores del propio centro donde al parecer estaban apilados.
No obstante, para hinchar la factura tuvieron acceso a datos del historial clínico de los pacientes ingresados o de los que habían pasado por las consultas para falsificar la receta, luego es más que probable que contaran con el apoyo de empleados del hospital también implicados en la estafa.
A raíz de conocer la existencia de la supuesta estafa, la Conselleria de Sanidad ha ordenado que cualquier producto que sea expedido por las dos ortopedias implicadas en el caso lleve el visado de la inspección o de la dirección del hospital para que el paciente retire el producto indicado.
