La Comunitat Valenciana es la autonomía con peor índice de desarrollo de sus servicios sociales, con una nota de 0,80 sobre diez puntos, y la segunda -sólo superada por Baleares- que menos dinero destina por habitante al año para esas prestaciones, con 129 euros. Ésta es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según la cual los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las regiones -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-, y las comunidades más endeudadas no tienen mejores prestaciones.
El estudio, conocido ayer, concluye que la Comunitat Valenciana "se encuentra en el lugar más atrasado en materia de servicios sociales de toda España, que es como decir en el lugar más atrasado de Europa" en "prácticamente todos los indicadores de cobertura", lo que deja en situación de "desventaja" a sus ciudadanos.
La Comunitat Valenciana, según el informe, no alcanza la excelencia en ninguno de los aspectos analizados, y así en el caso de los derechos y la decisión política, no obtiene ninguno de los puntos posibles, ya que considera que carece de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en esta materia.
Cita el caso de la ley de Dependencia y critica que se carezca de un catálogo que concrete estos derechos así como que no se haya sido capaz de "integrar eficazmente" la protección de este colectivo en el Sistema de Servicios Sociales. En cuanto al esfuerzo económico, se destaca que la situación valenciana es "claramente deficiente", con un gasto por habitante en materia de servicios sociales de 129,6 euros, menos de la mitad de la media estatal, que está en 280 euros, y con un porcentaje sobre el total del gasto que se queda en el 4,28 %, frente al 6,93 % del conjunto de España.
En materia de cobertura, la Comunitat Valenciana obtiene 0,6 de los 5 puntos posibles, y sólo destaca positivamente en acogimientos familiares de menores, donde tiene un porcentaje del 71,4 %, por encima del 63,5 % estatal.
Por otra parte, no puede decir lo mismo, según el informe, en otras cuestiones como la cobertura de la protección a la dependencia, que en 2011 sólo alcanzaba al 0,86 % de su población; o en la falta de plazas de residencias para mayores o personas sin hogar.
Asimismo, está por debajo de la media estatal en otras cuestiones como la renta mínima de inserción, que sólo recibe una de cada 567,5 personas; y la cobertura del servicio de ayuda a domicilio, que únicamente percibe el 2,74 por ciento de los mayores de 65 años.
La asociación responsable del estudio califica de "lamentable" que no existan datos públicos "en materias tan importantes como discapacidad o protección de mujeres víctimas de violencia de género" y que la Generalitat "se niegue a facilitar información estadística básica", lo que evidencia "falta de transparencia" y un "importante déficit democrático que es urgente corregir".
Piden un "cambio radical"
Ante esta situación, el informe señala que "la única recomendación posible es un cambio radical" de la política de servicios sociales, que pase por una "urgente elaboración de un marco legislativo de nuevo cuño", unido a un "sustancial incremento del esfuerzo económico" destinado a este fin. Castilla y León es la comunidad autónoma con mejor índice de desarrollo de sus servicios sociales (6,90 sobre diez), seguida de País Vasco y La Rioja (ambas con 6,70), mientras que la Comunitat Valenciana (0,80), Canarias (1,80) y Madrid (2,50) son las que peor calificación tienen.
El Consell no da crédito al informe y achaca sus resultados a "intereses políticos"
El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat, Joaquín Martínez, aseguró ayer que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales no posee autorización oficial para realizar informes al no estar reconocido por "ningún organismo autorizado", por lo que sus informes "carecen de credibilidad". Martínez apuntó que el informe responde únicamente a intereses políticos, por lo que, según indicó, sus resultados carecen de "credibilidad, rigor y seriedad".
"La asociación no sigue ninguna metodología de trabajo establecida, no utiliza baremos debidamente consensuados con los organismos competentes ni son contrastados con las administraciones como hacen otras entidades. Los resultados que presentan carecen de rigor y seriedad y responden únicamente a intereses políticos", aseveró.
Según el comunicado, la evaluación realizada por la asociación "no incorpora los presupuestos de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos destinados a políticas sociales", una cantidad que, según explica, aumentaría la partida general destinada a estas políticas.
El secretario autonómico aseguró que las políticas sociales constituyen un "eje fundamental" de las políticas del Consell. También reiteró que en la Comunitat Valenciana "se han dado pasos de gigante en cuanto a la mejora del estado de bienestar" y que se atenderá a los más vulnerables. efe/ep valencia
