El Consell solicita una pena de multa de un mes a razón de dos euros al día para la veintena de sindicalistas que protagonizaron varios encierros en edificios públicos en protesta por los recortes del Ejecutivo valenciano en el capítulo de personal. El juicio de faltas se celebró ayer en la Ciudad de la Justicia tras haberse aplazado la semana pasada al olvidarse el órgano judicial de citar al comisario-jefe de la policía autonómica, quien firma la denuncia contra los sindicalistas. La vista tuvo lugar dos días antes de la huelga general y en medio de un gran malestar en la función pública valenciana. De hecho, la denuncia de la policía a instancias de la Generalitat ha contribuido a bloquear las conversaciones entre el Consell y los sindicatos. En su día, desde el Ejecutivo valenciano se negó haber dado instrucciones para llevar al juzgado a los dirigentes sindicales. Sin embargo, la Generalitat está personada como acusación. El abogado del Consell, tras los interrogatorios, solicitó pena de multa por considerar que hubo una ocupación ilegal de los inmuebles públicos, la sede de Hacienda en la calle Micalet y de servicios centrales de Bienestar Social. La fiscalía, en cambio, pide la absolución de los encausados al no ver delito en la protesta.
Fuentes sindicales -están afectados todos los sindicatos de la Mesa de la Función Pública- llegaron a calificar de "esperpéntico" el juicio y lamentaron que el Ejecutivo no retirara la denuncia. El juicio movilizó ayer a más de 14 personas. Desfilaron varios agentes que se limitaron a afirmar que fueron avisados para que identificaran a los sindicalistas. Recibieron órdenes, vinieron a decir. Tampoco el comisario-jefe aclaró que autoridad política dio la orden de acudir a las conselleries. "Catorce personas para juzgar un hecho sin trascendencia y luego tienen que hacer recortes. Podrían haber retirado la denuncia y no hubiese costado un euro. Solo fue una protesta sin más", denunció ayer un representante sindical.
Por su parte, el portavoz adjunto de EU, Ignacio Blanco, mostró de nuevo solidaridad con los sindicalista y calificó de "lamentable" el proceder del Consell: "No sólo recorta derechos, sino que además, reprime las protestas", denunció el responsable de Esquerra Unida.
