Nadie reconoce que la implantación de universidades sea rentable pero, en menos de veinte años, en la Comunitat Valenciana se ha pasado de cuatro a once, dos de ellas aun en proyecto. Intereses económicos, urbanísticos, ideológicos, religiosos, políticos, además del menos espurio y primigenio que es el objetivo de formar a los jóvenes, mueve la puesta en marcha de algunas de estas instituciones académicas que preparan grupos de élite y presión para el futuro aunque también pueden saturar el mercado laboral con más graduados.
El anuncio de creación de la Universidad Católica San Antonio en Alicante, que entre otras carreras impartirá Medicina, ha disparado todas las alarmas en aquella provincia y en el conjunto de la comunidad. Menos preocupación ha despertado el proceso de transformación en universidad de la sede adscrita que la Europea de Madrid tiene en Valencia, a la que le queda seguir los trámites administrativos pertinentes para su aprobación.
La noticia del campus católico, cuyo origen está en el Arzobispado de Murcia a imagen del que hay allí y con una inversión inicial de 40 millones de euros, no le ha gustado a nadie; solo al alcalde de Sant Joan que les cede 50.000 metros cuadrados municipales para que construya el complejo académico con la esperanza de que atraiga inversión y puestos de trabajo.
Suerte similar a la que ha tenido la Universidad Católica de Valencia, totalmente implantada y comiendo terreno a otras de más solera. En menos de una década, ha logrado extenderse sobre quince campus, algunos gracias a la cesión municipal de solares, como en Torrent cuando era alcaldesa la actual consellera de Educación María José Catalá, o de edificios, como el de Marqués de Campo. El apoyo del expresidente Francisco Camps al que era Arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, fue decisivo para su impulso.
Esta semana, los rectores han mostrado su aprensión a la implantación de trece grados más en un momento de crisis en el que se está apostando por la racionalización y se insiste a la Generalitat que regule un mapa de titulaciones para evitar solapamientos. Todas las carreras que la Católica impartirá en Alicante ya están en marcha en la comunidad en centros públicos y en privados.
De nada sirve la Ley de Coordinación universitaria, aprobada por las Corts Valencianes en 2007. La falta de información por parte de la Conselleria de Educación al conjunto del sistema universitario valenciano a través de los órganos competentes, como el Consell Universitari, ha molestado a los rectores de los centros públicos.
El responsable de la Politècnica de València y presidente de la Conferencia de Rectores, Juan Juliá, declaró al conocer la noticia que «en tiempos de crisis hay que optimizar la oferta de titulaciones y no aumentar la competencia».
Y Juliá lo comenta con conocimiento de causa ya que su universidad decidió hace más de dos años, y para rentabilizar recursos, reducir sus 58 carreras en 34 —35 cuando impartan el curso próximo Ingeniería Biomédica— atendiendo a la demanda de alumnos.
La Universitat de València, la mas antigua con cinco siglos, ha descartado, de momento, implantar Veterinaria por los elevados costes que supone su puesta en marcha —necesita de una granja y una clínica para animales— y ha anunciado que el curso próximo dejará de contratar a 375 profesores asociados con la consiguiente supresión de 1.111 grupos, que no se llenaban suficientemente, «para optimizar recursos».
Su vicerrectora de Estudios, Isabel Vázquez, indicó a Levante-EMV que «el Ministerio de Educación ha hecho una llamada a la racionalización y eficiencia en los estudios universitarios y, en esta misma línea, la Consellería de Educación, Formación y Ocupación convocó recientemente a vicerrectores de las universidades públicas valencianas para comenzar a trabajar en un mapa de titulaciones y en un modelo de aplicación».
Así, en su opinión, «no parece coherente que se pretenda llevar a cabo una racionalización en las universidades públicas, lo que en este momento parece muy sensato, y no se ejerza ningún tipo de intervención frente a la creación y expansión de universidades privadas.
Es cierto que en las universidades privadas se imparten mayoritariamente titulaciones de salud y de educación que tienen gran demanda, pero también hay que valorar no generar un exceso de oferta de estas titulaciones y la sobresaturación del mercado laboral para estos titulados».
Al respecto, la dirección general de Universidades de la conselleria contestó por escrito que este departamento «no tiene competencia en la creación de la Universidad Católica, que se enmarca dentro de los acuerdos Iglesia Estado» aunque «velará por la calidad y la excelencia de la enseñanza universitaria. En cuanto llegue la propuesta, la estudiará igual que se ha hecho con todas las que se han implantado en la comunidad».
Lo cierto es que siempre ha habido un cierto desbarajuste a la hora de crear nuevas universidades, en este caso públicas. En ocasiones, ha respondido a caprichos de los gobernantes y, en otras, a la necesidad de vertebrar en momentos de bonanza económica, lo que supuso la creación de nuevos campus dependientes de las ya existentes.
La Jaume I de Castelló fue una apuesta socialista a finales de los ochenta frente a la corriente nacionalista que imperaba en la Universitat de València y la Miguel Hernández surgió como un pulso entre cartageneros, el que echó a consta de la autonomía universitaria el expresidente de la Generalitat, el popular Eduardo Zaplana, al entonces rector de la de Alicante, Andrés Pedreño, hasta el punto de trasladar la titularidad de su Facultad de Medicina. La consecuencia es que la más moderna de las instituciones académicas, año tras año, tiene grados, sobre todo los relacionados con las ingenierías agrícolas, que en su primer curso apenas registra alumnos. De 2.440 plazas que ofertó, le quedaron 300 sin adjudicar en julio.
En cuanto a la universidad virtual (VIU), creada en la primera década del 2000 desde la misma conselleria, es un centro a distancia valenciano con aspiraciones internacionales para competir con la UNED, pero que no consigue levantar vuelo. Apenas 700 alumnos y dos grados, ésta vez sí, para no saturar el mercado ante el ojo avizor de los rectores de la pública.
Precisamente, el director del centro de Valencia/Alzira de la UNED, Javier Paniagua, aseguró que nuevas universidades «pueden producir una inflación, con carreras que no tienen más que cinco o seis alumnos, porque se producen duplicidades que puede provocar el colapso del sistema universitario. Por eso, el ministerio ha recomendado que en grupos con menos de 40 alumnos, éstos desaparezcan».
