Las malas noticias se acumulan para las personas en situación de Dependencia. Hace unos meses el Gobierno de Mariano Rajoy ya decidió paralizar la incorporación de los dependientes moderados dentro de los grupos de beneficiados por esta ley. El pasado viernes, y en el contexto del mayor ajuste presupuestario de la democracia, llegó el segundo varapalo: el Gobierno anunciaba la supresión de una línea de financiación para la Dependencia de 283 millones. Esto supone que los dependientes valencianos contarán para 2012 con 25 millones menos que 2011.
Jaume Esteban García, coordinador estatal de la plataformas en de defensa de la ley de dependencia, advirtió ayer de que "esto puede tener graves consecuencias en los beneficiarios de las prestaciones". Y es que ante los problemas financieros de las autonomías, este partida, que en teoría va destinada a infraestructuras (residencias, mejoras en los edificios), informática, gestión, etc, en la práctica las autonomías lo estaban usando para atender a las personas.
Con todo, la coordinadora de plataformas envía un mensaje de tranquilidad: "de momento", las ayudas a la dependencia están garantizadas.
La Dependencia recibe financiación de la administración central por dos vías. Por un lado, está el "nivel mínimo", es decir, las ayudas mensuales a los usuarios que copagan a partes iguales Estado y comunidad autónoma. Esa aportación del Gobierno, que suponen el grueso del dinero, está garantizada.
Pero como complemento a esto, existe el "nivel acordado", una ayuda a las autonomías para cubrir las carencias en infraestructuras, mejora en la calidad de vida de los dependientes, etc. Esa es la partida de 283 millones que el Gobierno acaba de suprimir y que para Valencia supone un bocado a los recursos de 25 millones, el 15, 5 % de toda la aportación estatal, aproximadamente.
Desde la plataforma temen que la extinción de esta partida estatal conlleve también la desaparición de la dotación de otros 25 millones por parte de la Generalitat Valenciana. Es decir, 50 millones en total. Y es que, cabe recordar, las autonomías están obligadas por ley a aportar al menos la misma cantidad que el Gobierno, con lo que una vez suprimida el "nivel acordado", la Generalitat no estaría ahora obligada a aportar sus 25 millones. "Vamos a exigir que las autonomías cubran su parte", apuntó el coordinador.
Efectos colaterales
Además de esto, la retirada de estos 25 millones puede tener otros efectos como "la pérdida de la atención para 3.500 personas en situación de dependencia y más de 800 puestos de trabajo del sector servicios de atención a la dependencia (Residencias, Centros de Día, Ocupacionales, etc.)", según valoran desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
