Las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such -que aparece por primera vez- declararán en mayo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Lo harán como imputadas por supuesta contratación irregular de las empresas que participaron en la organización de los stands de la Comunitat Valenciana en Fitur y que investiga el TSJCV dentro de la causa de presunta financiación irregular del PPCV en la Comunitat Valenciana, derivada del caso Gürtel.
Según han informado hoy fuentes del órgano judicial, Milagrosa Martínez, actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, comparecerá el 8 de mayo, mientras que Angélica Such -que aparece por primera vez como imputada-, secretaria primera de la Mesa de Les Corts, lo hará el día 30.
Además, el TSJCV ha citado este mes a otros cinco imputados en esta causa abierta por un supuesto delito electoral, falsedad documental y prevaricación.
El próximo día 26 declararán el jefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro, el jefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT, Isaac Vidal, y la directora general de Promoción Institucional de Presidencia, Dora Ibars.
El día siguiente comparecerán Isabel Jordán, exadministradora de varias empresas de la trama Gürtel, y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, condenado en la "causa de los trajes" por aceptar regalos de la red que dirigía Francisco Correa.
Hasta el momento, han sido imputadas 25 personas en este causa, entre ellas el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, el vicesecretario general del partido, David Serra y la extesorera Yolanda García.
De los supuestos integrantes de la trama, están imputados, además de Isabel Jordán, sus supuestos cabecillas: Francisco Correa, Pablo Crespo (su número dos) y Álvaro Pérez "el Bigotes", administrador de Orange Market.
El procedimiento, derivado del caso "Gürtel", fue abierto por un posible delito electoral del PPCV en los comicios municipales y autonómicos de 2007, por uno de falsedad documental en las generales de 2008, y para investigar si la Generalitat prevaricó y cometió cohecho en contratos con la firma Orange Market.
La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV acordó asumir esas tres investigaciones, procedentes del Tribunal Superior de Justicia madrileño, el mayo del pasado año.
