El grupo de consultorías, institutos y fundaciones sin ánimo de lucro y asociaciones Nóos, liderado en 2006 por Iñaki Urdangarin, trató de colar a la Generalitat de Valencia 123 facturas por supuestos estudios y preparativos de unos Juegos Deportivos Europeos, nunca celebrados. Esas 123 facturas ascendían a casi 2 millones de euros, que Nóos quiso incorporar a su patrimonio, junto a otros cerca de 400.000 euros que sí les pagó la Administración valenciana por los mismos conceptos.
Los próximos 14 y 15 de mayo el juez mallorquín José Castro, instructor del caso Palma Arena, piensa interrogar en Valencia, y dentro de la pieza separada 25, a 16 personas por los supuestos desvíos de varios cientos de miles de euros de fondos públicos que Nóos habría cometido entre 2003 y 2007. Entre los testigos están los empresarios Francisco y Fernando Roig y el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau.
Básicamente, Castro pretende esclarecer si hubo un trato de favor al duque de Palma por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia al concederle, sin concurso previo, la adjudicación para celebrar tres foros sobre turismo y ciudades sede de eventos deportivos. Nóos recibió por esos foros casi 4 millones de euros, a razón de un millón cuarenta mil euros al año, más los gastos de transporte y atención a los congresistas. Existen serias dudas del destino de buena parte de esos 4 millones, que se supone acabaron en los bolsillos del yerno del Rey y de su socio Diego Torres.
