El informe anual de la defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, revela que en la Comunitat Valenciana funcionan 203 centros completos con barracones. La investigación de Cava de Llano alerta de que la Generalitat Valenciana utiliza de forma sistemática aulas prefabricadas. En los 203 centros educativos públicos hay 1.091 barracones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se comprometió en septiembre a acabar con las aulas prefabricas, aunque el estudio de la defensora advierte de los problemas presupuestarios para acometer la construcción de los centros escolares.
La mayoría de los barracones están en Valencia y Alicante. El informe precisa que en Valencia hay 86 centros con módulos prefabricados, en Alicante 85 y en Castelló 32. La Conselleria de Educación aseguró al equipo de Cava de Llano que en los próximos meses se va a producir un descenso significativo de las aulas provisionales al encontrarse en plena ejecución las obras de 23 centros docentes y al haberse programado las obras de otros 155. El documento precisa que todo ello «supondrá la eliminación a corto plazo de 326 aulas prefabricadas» de los 23 centros que están en construcción y que en el futuro desaparezcan otras 789. La Conselleria de Educación no precisó a los inspectores de la defensora del pueblo en qué fase de programación están los 155 colegios e institutos que se van a construir en los próximos años.
El análisis incide en que frente a la todavía generalizada utilización de aulas prefabricadas en la Comunitat Valenciana en otras autonomías su uso tiende a un rápido decrecimiento.
«Aulas joroba»
El documento añade que la manera en la que la Administración hace frente a la falta de capacidad de los centros «merece críticas por su improvisación». El informe de la institución del año pasado alertó de que en la Comunitat Valenciana se habían habilitado «aulas joroba», clases que se colocan en dependencias como bibliotecas o comedores.
El Síndic de Greuges, José Cholbi, ya denunció que convertir «lo que debería ser una situación excepcional y transitoria» como la instalación de aulas docentes prefabricadas «en un estado de cosas que se prolonga durante años» no puede recibir la consideración de una actuación pública correcta. Cholbi considera que si bien es legítimo recurrir a la escolarización en aulas prefabricadas, la Administración debería utilizar la medida «solo con un carácter residual y en todo caso provisional» mientras construye las instalaciones definitivas.
Por otro lado, el informe de la defensora denuncia los problemas en la escolarización de alumnos en Infantil, la insuficiencia de plazas en determinados ciclos de Formación Profesional de grado medio y las dificultades para atender a alumnos con necesidades especiales que requieren más recursos personales.
