El Consell tendrá que recortar más de un 14 % del gasto en Educación y Sanidad para cumplir con Rajoy

Una amputación que, para la oposición, no será posible sin la precarización de los servicios esenciales y que, en todo caso, se antoja complicada de cuadrar si además de revisar la cartera de servicios y de pagar las recetas en función de la renta, no se imponen medidas como volver a tocar las nóminas, la introducción del copago por la atención médica (cobro por consulta en primaria, por día de hospitalización o por las urgencias) o bien, más subidas de impuestos.

Y es que, a los más de 1.000 millones de recorte extra en Sanidad y Educación -que el Consell teme que lleguen hasta 1.200 millones en la C. Valenciana- incluidos en los 10.000 millones anunciados el lunes por el Gobierno para toda España, hay que añadir al menos otros 639 derivados de los ajustes impuestos a través del decreto ley del Consell de medidas para reducir el déficit en 1.056 millones, aprobado en enero pasado. Dentro de estos 639 millones figuran los 440 de tijeretazos y ahorro en la gestión de Sanidad y 199,1 de las nóminas (carrera profesional, sexenios, interinos docentes).

Al margen, está el cepillado de otros 500 millones como consecuencia de las previsiones más negativas de las esperadas que acompañaron los Presupuestos del Estado de Rajoy. De dónde saldrán estos fondos no se sabe nada.

Este es el plan de jibarización de la Generalitat impuesto por Rajoy y teledirigido por Bruselas. La otra realidad es la del gasto efectivo de la Administración autonómica que sostiene las políticas de bienestar actuales. El Consell hizo pública la liquidación de 2011 pero el detalle por conselleries se desconoce, también en la información que aireó el ministerio. Sin embargo, sí se cuenta con la referencia de 2010. Ese año, la Generalitat reconoció obligaciones en Sanidad por 6.316 millones (había presupuestado 5.720), pero escondió en los cajones otros 1.061, 802 de atención sanitaria y 259 de farmacia). En total, 7.377 de coste efectivo, incluidas obligaciones no reconocidas. En cuanto a Educación, ejecutó 4.362 millones. Entre Sanidad y Educación, 11.739 millones.

No se sabe la cifra exacta de ahorro en 2011 pero, incorporando el gasto no reconocido, no parece que pueda superar los 700 millones. Como ejemplo, hasta noviembre pasado, el Consell había gastado 585 millones menos en Sanidad que en 2010, pero no había declarado la factura farmacéutica desde septiembre y había dado de baja 63 millones ya contraídos. Esto es, unos 420 millones "escondidos".

De este modo, sobre un desembolso efectivo -siempre incluyendo obligaciones no reconocidas- de unos 11.000 millones en Sanidad y Educación, el Consell se enfrenta a unos recortes de nada menos que del 14%. Como el mayor peso del ajuste recae sobre Sanidad (1.226 millones, frente a 412 de Educación), la mutilación es del 16% en el área de salud y del 9,5% en la educativa. Ahora bien, si la referencia es el gasto previsto por el Consell para este año, el alcance de las medidas a tomar todavía parece más doloroso.

Para estas áreas, la Generalitat ha presupuestado 10.030 millones, de los que 5.492 son de Sanidad y 4.537, de Educación. De este modo, sobre el presupuesto, los recortes acumulados alcanzarían hasta el 16,3 % de la previsión, un porcentaje que se eleva al 22 % en el área sanitaria y al 9% en la educativa.

Entre tanto, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y varios de sus consellers salieron ayer en tromba para contradecir a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, quien el día anterior abogó por devolver al Estado las competencias de Sanidad, Educación y Justicia. Lo que "no se puede hacer" cuando la situación económica "cambia", aseveró el jefe del Consell, es "pedir que otros asuman estas competencias". "Yo no quiero devolver ninguna competencia", aseveró Fabra, para añadir: "Tenemos lo que nos hemos ganado y lo que tenemos es que trabajar más y coordinarnos mucho más con otras administraciones".

El presidente incidió en que en España "hemos conseguido un Estado autonómico que ha sabido dar sus frutos cuando la economía iba bien. Lo que no podemos hacer cuando la situación cambia es pedir que otros asuman estas competencias. Las tenemos que hacer nosotros".

"Las cuentas no están cuadradas"

Preguntado por cómo va a afectar a los valencianos el recorte anunciado por el Gobierno, admitió que no lo sabe y que el sábado, en la cita de Rajoy con los barones, espera que le detallen las medidas. "Lo que viene a decir el Gobierno es que debemos apretarnos el cinturón". "No tenemos cuadradas las cuentas. Hay más gastos que ingresos. En esto tenemos que colaborar todos, también las comunidades", señaló.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, fue rotundo en su rechazo a la propuesta de Aguirre. "Evidentemente no", respondió al ser preguntado, para añadir que el modelo de salud valenciano "es mejorable pero no sustituible". A su juicio, se trata de un modelo en el que "los problemas de cada ciudadano son solucionados más cerca de él", lo que considera "un elemento indispensable dentro del Estado Español" y que "forma parte de la Constitución".

La titular de Educación, María José Català, también recalcó que en el Ejecutivo valenciano no están "en ese debate". Y el de Justicia, Jorge Cabré, dijo que no querer asumir ciertas competencias por parte de las comunidades "es tanto como no querer el estado autonómico". "No me parece razonable que cuando las cosas van mal, decir que esto no lo quiero".

Los rectores piden que no se suspendan los campus de excelencia

El rector de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) describió ayer la "preocupación" que existe entre las instituciones de educación superior del país por la suspensión del programa de Campus de Excelencia Internacional (CEI), por lo que ha trasladado una "respetuosa" petición al Gobierno para que "reconsidere" su postura. En la Comunitat Valenciana, la medida afectará a dos proyectos aprobados por el Ministerio de Educación: el VLC/Campus, de 2010, entre la Universitat, la Politècnica y el CSIC, y el 5U-Habitat, de 2011, con las cinco universidades.

Juliá destacó la "percepción de una enorme preocupación por parte de los rectores, tanto de las universidades públicas como privadas", ante esta situación. Para el rector, éste es un tema que "hay que debatir en la Conferencia de Rectores y debe soportarse en un documento de reflexión". En su opinión, estos proyectos han permitido "sinergias" tanto entre las mismas universidades como con el tejido empresarial valenciano.

Por su parte, la consellera de Educación, María José Català, preguntada ayer por este recorte, indicó que "son una iniciativa del anterior Gobierno socialista que a final de la legistatura anterior y al final del presupuesto anterior sólo se ejecutó poco más de un uno por ciento".

Català criticó que "el anterior gobierno no comunicó esa situación a las universidades, fue posteriormente" y defendió que se lleve a cabo una "redefinición de los campus de excelencia de forma que sean sostenibles". E. Press/j. g. g./M. D. valencia