El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha acordado imputar en la causa al exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, y al jefe de explotaciones de la entidad, Ignacio Bernácer, al hallar indicios de criminalidad.

Según consta en un auto, con fecha del lunes, el magistrado ordena citar a declarar como imputados a Morenilla y Bernácer, tras solicitarlo las partes acusadoras personadas en las diligencias —ministerio fiscal, la Emshi, los abogados del Estado y la Generalitat y la acusación popular (PSPV)— y, asimismo, el juez pide que se investigue el patrimonio de ambos. Morenilla ostentó durante el periodo investigado (2004 a 2008) uno de los cargos de máxima responsabilidad, el de gerente de la Epsar; mientras que Bernácer ha ejercido y ejerce de jefe del Departamento de Explotaciones.

El juez ha adoptado esta medida basándose, en parte, en las declaraciones vertidas en la fase de instrucción por el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal; por el ex informático Sebastián García «Chanin»; y por el exgerente, Esteban Cuesta. El primero de ellos declaró que era «evidente» que «solamente los señores Morenilla, Bernácer y Crespo —en referencia al ex alcalde de Manises, Enrique Crespo—, disponían de los medios necesarios para organizar la trama Emarsa y enriquecerse de forma desmedida».

Por su parte, «Chanin» indicó que tenía conocimiento, por palabras del propio Esteban Cuesta, que existía un «fraude organizado» por Crespo, Morenilla y Bernácer, «que consistía en sobrevalorar el precio del lodo». Asimismo, Cuesta señaló que una de las pocas veces que vio a Roca —Jorge Ignacio Roca, el empresario en paradero desconocido— le entregó cuatro tarjetas de Servired a su nombre para que sacara dinero con ellas para Morenilla y para él hasta completar 60.000 euros —30.000 euros para cada uno.

Asimismo, para imputar a Morenilla y a Bernácer, el magistrado ha tenido en cuenta los apuntes aportados por las acusaciones. En concreto, la acción popular apuntaba «irregularidades» en la constitución de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del convenio de 2004, coincidentes en el tiempo con el periodo objeto de la investigación. Además, esta parte apuntaba que tanto Bernácer como Morenilla tuvieron una participación «directa» en la aprobación del presupuesto de financiación, que existían «irregularidades» en esta aprobación, y que se acordó la aprobación desde el «incumplimiento consciente» de las exigencias y garantías establecidas en el mismo convenio. La acción popular también puso de relieve la diferencia entre el precio de la gestión de lodos conforme a lo dicho por la empresa que realizaba el trabajo y la diferencia con el precio finalmente acordado entre Epsar y Emarsa.

Junto a ello, el magistrado también ha tenido en cuenta las alegaciones del abogado de la Generalitat, quien destacó que el Informe de la Agencia Tributaria de Barcelona ponía de relieve que determinadas empresas que tenían como elemento integrador a Jorge Roca facturaban a Emarsa a razón de 42 euros la tonelada, mientras que Adobs facturaba a 18 euros/tonelada a las empresas de Roca, «sin que exista la menor justificación para que exista tales diferencias de precios». Esta parte alegaba que existen indicios de que con los fondos obtenidos a través de esa diferencia de precios, se enriquecieron algunas personas.