La Policía sostiene que el empresario alicantino Enrique Ortiz habría pagado, al menos, dos facturas correspondientes a la organización del congreso regional del PP en 2008, un cónclave celebrado en el mes de octubre de ese año en la Feria de Valencia y que emcumbró a Francisco Camps a la presidencia regional del partido. En un nuevo informe de la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos (UDEF) fechado el pasado 28 de marzo y remitido al magistrado que investiga en el TSJ una supuesta red de financiación ilegal del PP en la Comunidad vinculada a la operación Gürtel, los investigadores vuelven a citar a Enrique Ortiz como uno de los empresarios que, presuntamente, abonaba facturas giradas por Orange Market, la filial de la trama corrupta en Valencia que dirigía El Bigotes, por servicios ficticios que, en realidad, se correspondían con deudas derivadas por la actividad de los populares valencianos durante 2007 y 2008, años en los que se celebraron, respectivamente, elecciones autonómicas y generales y en los que actualmente se centra la investigación judicial.
El documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, retalata como un proveedor de El Bigotes con domicilio en Torrent participó en el montaje del última congreso regional del PP. Remitió un albarán solicitado por la firma controlada por El Bigotes -la empresa ligada a la red Gürtel a la que los populares valencianos habían encomendado la puesta en escena del cónclave- que, a su vez, tal y como relata la investigación policial, sirvió de «cobertura a las facturas ficticias emitidas por Orange Market a nombre de la sociedad constructora Enrique Ortiz e Hijos». Inicialmente, el gasto llegaba a un total de 74.000 euros pero, con posterioridad y a petición de los directivos de Orange Market, el pago se desgajó en dos abonos, uno de 53.000 euros y otro de 21.000.
Del análisis de la documentación aportada en este nuevo informe de la UDEF ligado a la investigación de la financiación del PP de la Comunidad, se desprende, por ejemplo y a través de la transcripción de diversas conversaciones grabadas, la relación de dirigentes populares como Ricardo Costa, Yolanda García Santos, David Serra o Vicente Rambla con los responsables de la trama corrupta. Igualmente, del detalle de la facturación de Orange Market con el PP en 2007, cerca de dos millones de euros de acuerdo con la documentación incautada en los registros policiales, se evidencia que durante ese año, periodo en el que afrontaron la campaña de las elecciones autonómicas que concedió a Francisco Camps el honor de convertirse en el presidente más votado de la historia, los populares abonaron mas cantidades en «dinero negro», alrededor de dos terceras partes de los servicios, que en facturación legal. El documento también revela que la trama Gürtel habría obtenido trato de favor en la adjudicación de de Fitur en 2005 e, igualmente, destapa algunos de los contactos previos que se produjeron para la contrata de 2009, el último antes de que el caso estallara en febrero de ese año con la detención de Correa y el registro de las oficinas de la conselleria de Turismo.
Almenar y Orange Market
Por otra parte, el presidente del grupo empresarial Cyes, Felipe Almenar, negó haber realizado ningún pago a la sociedad Orange Market S.L., entidad investigada por el magistrado José Ceres, en la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del «caso Gürtel».
El Consell rechaza regular por ley la recepción de regalos
El Consell considera que la creación de una ley que regule la percepción de regalos por parte de autoridades, funcionarios o empleados públicos de la Generalitat no es necesaria puesto que pretende «regular una serie de conductas que ya están exhaustivamente reguladas». Así lo recoge el criterio del Consell contrario a que se tramite una proposición de ley del grupo Compromís de las Corts Valencianes, que pide regular el régimen de los obsequios y registrar los regalos y atenciones protocolarias. El Consell dice que la proposición parte de la premisa «totalmente errónea» de que la regulación sobre esta materia recogida en el Código Penal «es breve y puede chocar con los usos y costumbres». Por contra, el criterio del Gobierno valenciano apunta a que el Código Penal contiene «una amplia previsión» de las posibles conductas que pueden conllevar un delito por parte de las autoridades o empleados públicos que reciben u ofrecen obsequios, favores o retribuciones.
