A finales de diciembre pasado, la Generalitat a punto estuvo de incurrir en el temido "default" (impago de la deuda), un escenario de consecuencias devastadoras para la hacienda autonómica del que le salvó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ordenar un adelanto de las transferencias en favor del Consell. Pero, a lo que parece, ese es el panorama en el que está instalado el todavía mastodóntico sector público valenciano. Y, aunque la repercusión no es la misma que cuando se trata directamente de la hacienda de la Generalitat, ya que la deuda de las empresas viene avalada por las arcas del Consell, el coste, en forma de pago de intereses y subida de tipos para seguir accediendo a créditos, es cada vez más insostenible. Cuatro empresas de la Generalitat incurrieron durante el último trimestre de 2011 en impagos de sus obligaciones con los bancos, tanto de las cuotas de amortización como de los intereses, por un importe de 27,37 millones, según el último informe sobre la situación de los avales de la Generalitat a 31 de diciembre pasado.
Las firmas afectadas, que al llegar el vencimiento no pudieron afrontar los pagos con sus recursos, son Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (Cacsa); Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV); Proyecto Cultural de Castelló (PCC); y Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa). En todos los casos, salvo en uno -el importe excedido en la cuenta de crédito de Ciegsa por 480.311 euros-, se hace constar que los débitos se regularizaron posteriormente, con retrasos de hasta dos meses, con el consiguiente coste financiero.
Navidades negras del Consell
El caso más grave es el de Cacsa. A 31 de diciembre presentaba débitos por 16,7 millones. De éstos, 16,1 pertenecían a la cuenta de crédito que vencía el 18 de diciembre y cuyo límite era de 14 millones. El 20 de febrero se firmó con el banco la "novación modificativa" de la operación. En román paladino, la entidad financiera apretó más las tuercas: Renovó la póliza a cambio de más intereses, sobre todo en caso de demora. Además de esta situación, hubo intereses impagados por 518.827 euros, que debían abonarse antes de finalizar el año, correspondientes a otros tres préstamos. El impago se saldó el 31 de enero.
No fue éstas las únicas incidencias de Cacsa durante el cuarto trimestre. Con fecha de 18 de octubre, no pudo pagar una liquidación de intereses de 238.356 euros, derivada de un préstamo de 30 millones. El impagado lo resolvió el 28 de octubre. En cuanto a la SPTCV, a 31 de diciembre registraba débitos por 4.261.496 euros, de los que 3,44 millones corresponden a la cuota de amortización e intereses de un préstamo y otros 343.354 euros a intereses impagados de otro crédito. Ambos vencían el 23 de diciembre pero no se pudieron regularizar hasta el 2 de febrero. Además, el 18 de octubre dejó impagada una cuota de 5 millones y otros 134.123 euros en intereses, que no pudo afrontar hasta el 24 de octubre.
Proyecto Cultural de Castelló fue otra de las firmas afectadas. Al igual que en los anteriores casos, no pudo pagar 602.230 euros de cuota e intereses de un préstamo, que vencía el 23 de diciembre. Lo regularizó el 2 de febrero, casi mes y medio después. Finalmente, Ciegsa tenía los citados débitos de 480.311 euros, derivados de una cuenta de crédito de 50 millones. En este caso no se hace constar que se hayan resuelto.
El informe de avales, remitido por la Conselleria de Hacienda a las Corts, refleja que el riesgo contraído por la Generalitat como consecuencia de los avales prestados a sus empresas asciende a 31 de diciembre a 5.051,18 millones. Un cifra que, pese a los anuncios de recorte en el sector público, es algo superior a la de 2010 (5.010), cuando se redujo en relación a 2009 (5.115).
