La combinación debidamente manipulada del peso de los lodos tratados, el precio de la tonelada, la duración de los contratos y la elección de las adjudicatarias fueron la clave de la fórmula mágica que convirtió un negocio de mierda en una mina de oro. En un escándalo en el uso del dinero público llamado caso Emarsa que dio para el presunto reparto de 180.000 euros mensuales en comisiones, regalos de lujo o viajes a Rumania, cuyo objeto no se ha justificado, pagados por la gestora de la planta depuradora de Pinedo.
Con todo, los planes de los principales responsables de los organismos competentes en dicha instalación llegaron a ser más ambiciosos, según se desprende de la documentación que obra en el sumario del caso y denuncia el PSPV, personado como acusación en la causa. El presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Enrique Crespo, y el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, propusieron que se construyera una planta de secado solar de lodos en los terrenos de la depuradora de Pinedo con el objetivo de «abaratar costes».
La decisión de abordar esa infraestructura se adoptó en el marco de las polémicas reuniones de la comisión de seguimiento del convenio de financiación, vigente desde 2004, entre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) —que, desde la Generalitat, aporta el dinero a las estaciones depuradoras— y la propia Emarsa. Polémicas reuniones que los socialistas han calificado de «ilegales» porque nunca fue convocado a las mismas ningún técnico de la Emshi como es preceptivo.
El 18 de febrero de 2009 los dos citados directivos mantuvieron un encuentro con los también imputados en la causa Ignacio Bernácer, jefe de explotaciones de la Epsar, y José Juan Morenilla, exgerente de la entidad autonómica. Este último anunció entonces que la nueva infraestructura se incorporaría al convenio de financiación Epsar-Emarsa como addenda.
Bernácer elaboró un informe, el 2 de abril de 2009, en el que justificaba la necesidad de la planta de secado y cifraba en más de 39,5 millones de euros el ahorro que supondría para la Epsar ese nuevo sistema de tratamiento de lodos respecto al vigente, vía planta de compostaje. El entonces conseller José Ramón García Antón validó, el 21 de abril, con su firma ese anexo al convenio. Un añadido que contemplaba que la Epsar aportaría 2.880.011,96 euros al año, de los cuales 1,2 millones serían para pagar la «evacuación de residuos». Se hablaba de 60.000 toneladas a 6 euros (360.000 euros), de entrada a la nueva planta, y 20.000 toneladas a 42 euros (840.000 euros) que saliera del secadero, con dos tercios de su peso evaporado. Así pues, eran 1,2 millones al año en un contrato a 25 años, lo que suponía 30 millones de facturación.
Ese añadido al convenio decía literalmente: «La Emshi ha evaluado la idoneidad de instalar un sistema de secado solar para los lodos de Pinedo, lo que permitirá reducir su humedad reduciendo costes de gestión y destino final de los mismos».
Un proyecto clandestino
Pero los responsables técnicos de la Emshi, propietaria de los terrenos y de Emarsa, ignoraban totalmente el proyecto. Se lo ha explicado al juez instructor Vicente Ríos, el secretario de la entidad metropolitana en un escrito remitido el pasado 12 de diciembre: «Consultados los libros oficiales de actas de las asambleas de la entidad (…) celebradas desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2010 no consta ninguna sesión (…) en la que se evaluara la idoneidad de instalar un sistema de secado solar para los lodos...».
Ni se emitió informe técnico, ni se tramitaron permisos, ni autorizaciones por parte de los servicios jurídicos, de saneamiento y de presupuestos. En el juzgado también constan documentos del Ayuntamiento de Valencia que certifican que el servicio de planeamiento no ha tramitado «ningún expediente de reclasificación o recalificación de suelo de los terrenos».
El 29 de mayo de 2009, el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, y los representantes de la empresa Notec firmaron ante notario el contrato para la puesta en marcha del secadero de lodos. Emarsa se compromete a pagar agua y luz y a financiar la obra civil, mientras que Notec debía hacerse cargo del mantenimiento de la instalación.
El contrato multiplica nada menos que por tres el volumen de negocio cifrado en el convenio. Entre otras razones porque habla de lodo tratado y no de lodo evacuado. Así, se contempla tratar 60.000 toneladas por secado solar a 38 euros por unidad (2,28 millones) y otras 30.000 para uso agrícola, a 43 euros por tonelada. En total, 3,57 millones anuales que se convierten en 89 tras 25 años de contrato. La diferencia entre convenio marco de financiación y desarrollo del mismo en este contrato es de 60 millones, pero el «pelotazo» previsto era mayor aún.
Según consta en el sumario del juzgado de instrucción número 15 de Valencia la primera propuesta formulada por Emarsa a la Epsar planteaba 20.000 toneladas a 15 euros, esto es, 300.000 euros al año. 7,5 millones en los 25 años del contrato. Casi 12 veces menos que lo estipulado en el contrato rubricado ante notario. En las diligencias judiciales el juez considera probado que la tonelada de lodo transportada tenía un coste de 18 euros y que Emarsa ha estado pagando a varias empresas (entre ellas Notec) a 42 euros.
