Los tres funcionarios imputados en el caso Gürtel han renunciado al abogado de la Generalitat Valenciana. Isaac Vidal -jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT)-, Jorge Guarro -jefe de Promoción de la AVT- y Dora Ibars -directora general de Promoción Institucional de Presidencia- han preferido pagar a tres letrados para que los representen a pesar de que la conselleria puso a su disposición al abogado de la Generalitat. Las declaraciones de la causa por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano arrancan el 26 de abril con la comparecencia de los tres funcionarios imputados. Vidal, Guarro e Ibars deberán responder al juez instructor José Francisco Ceres por la supuesta contratación irregular de Orange Market en Fitur.
Los tres ya prestaron declaración en calidad de testigos en el juicio de los trajes contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa. Aunque el juez Climent trató de evitar preguntas sobre la contratación de Fitur que estuvieran relacionadas con la causa de la financiación, los funcionarios negaron que hubiera trato de favor a Orange Market. Jorge Guarro manifestó que adjudicaron el stand de Fitur a Orange Market porque era la mejor opción.
Malestar en el PP con Costa
Ricardo Costa, que comparecerá como imputado el 25 de mayo, solicitó al juez instructor que tomara declaración al actual secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y que el partido aclarara por escrito que él no tenía delegada la función contable. Costa también pidió que el Síndic de Comptes confirmara la fecha de la presentación de la contabilidad electoral de 2007, que el Banco Santander informara sobre quién tenía autorización sobre las cuentas del partido y que la junta electoral certificara el día que el PPCV entregó la documentación contable de los gastos electorales de 2007. El juez ha aceptado todas las peticiones de Costa salvo la de citar a declarar a Clemente.
Las solicitudes del exnúmero dos del PPCV han generado un cierto malestar en el seno del partido. Algunas fuentes apuntaron que la petición de Costa se produjo después de que el partido informara al juez sobre cómo funcionaba su contabilidad. En cualquier caso, el exnúmero dos del PPCV sí que comunicó a su partido lo que iba a pedir su abogado e incluso remitió un borrador.
José Francisco Ceres mantiene abierta la causa por la supuesta financiación ilegal del PP, un presunto delito electoral y por la contratación irregular de Orange Market en distintas ediciones de Fitur. El magistrado trata de aclarar si determinadas empresas -Sedesa, Lubasa y Teconsa, entre otras- pagaban actos electorales del PP en la Comunitat Valenciana. Las firmas presuntamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era la que organizaba los actos electorales del PPCV, y la firma de Correa emitía facturas falsas.
