La mayoría de las empresas que prestan el servicio de transporte escolar en la Comunitat Valenciana, el 85%, inician a partir de mañana viernes paros semanales de dos días, en protesta por el impago de la Conselleria de Educación de 30 millones de euros. La huelga afectará a los servicios de transporte escolar de los centros públicos de educación primaria y secundaria adscritos a la Conselleria de Educación. Según explican a Levante-EMV fuentes del sector, la deuda se arrastra desde el mes de noviembre lo que ha dejado a algunas empresas en una situación delicadísima lo que, en algunos casos, incluso les ha obligado a iniciar expedientes de regulación de empleo (ERE).
La huelga comienza mañana viernes, pero a partir de la semana que viene se realizará dos días a la semana, cada miércoles y viernes "hasta que se regularice la situación, es decir, que se nos abonen de forma inmediata la facturación que se nos adeuda desde el mes de noviembre". En principio, los paros sólo afectarán a las rutas de Alicante y Valencia. En Castelló no se realizarán porque el único lote de rutas depende de una unión temporal de empresas (UTE) que ha decidido no secundar los paros. Según explican fuentes del sector las empresas de las tres provincias factura al mes "algo más de 6 millones de euros". Los incumplimientos en los pagos se producen "de forma reiterada por parte de la Generalitat desde mayo del año pasado". Desde entonces, las negociaciones han sido constantes entre las empresas concesionarias del transporte escolar y la Conselleria de Educación, pero "dada la negativa a fijar un calendario de pagos y ante el deterioro de la situación, aumentado mes a mes, y la gran incertidumbre y desconfianza en la posible solución" se ven abocados a realizar "los paros técnicos" que secundará el 85% del sector.
Los concesionarios de transporte aspiran a que "la Generalitat nos abone de forma inmediata los meses de noviembre y diciembre de 2011, enero, febrero, y marzo de 2012 y un compromiso firme para cobrar abril, mayo y junio de 2012 en un plazo máximo de 60 días". Desde el sector de los transportistas de viajeros aseguran, por último, que lamentan "profunda y sinceramente los inconvenientes causados a los escolares, a sus familias, al profesorado, a los centros docentes y a la Consellería de Educación, y pedimos comprensión a la dramática situación por la que estamos atravesando", concluyen.
