La seria amenaza del Gobierno, reiterada ayer en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de intervenir las comunidades que se muestren incapaces de cumplir con los objetivos del déficit, ha calado en la Generalitat, con unas finanzas estranguladas por la caída de ingresos, la imposibilidad de colocar su deuda y con 4.069 millones de pagos pendientes a los proveedores —el doble que Cataluña, 1.984 millones, y muy superior a Andalucía, 2.763 millones—, de los que 1.850 son facturas en los cajones. Y lo que aún aterra más en el Consell, la prohibición legal de seguir escondiendo facturas que se trasladan al año siguiente, una práctica que permitía maquillar el déficit. Con este desolador panorama, los dos responsables de la disciplina presupuestaria en la Generalitat, el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y el vicepresidente, José Císcar, lanzan continuos mensajes de contundencia sobre la cirugía a aplicar. El propio Císcar anunció ayer que el Gobierno valenciano prevé tener cerrado ya en mayo el conjunto de «fusiones, absorciones, liquidaciones y privatizaciones» de las empresas del sector público con el fin de completar a lo largo de este año 2012 el recorte de hasta la mitad de los empleados de estas entidades, más de 5.000 contratados.
Císcar, en una entrevista en la Ser, adelantó así el plan de ERE en las empresas y fundaciones públicas. El día anterior, el vicepresidente apuntó que tendrá elaborada su propuesta de Expediente de Regulación de Empleo para Radio Televisión Valenciana en junio o julio. Pero el descomunal recorte que es necesario acometer para cumplir con la meta del déficit y eludir la intervención marca los plazos al Consell. En 2011 la Generalitat cerró el año tras gastar 3.800 millones más de lo que ingresó, lo que representó el 3,68 % del PIB valenciano (el límite era el 1,3 %). El objetivo del 1,5 % del déficit no da más margen que unos 1.500 millones de «números rojos» al terminar 2012. Haciendo lo mismo, le sobran, pues, 2.300 millones. Y eso sin contar con que los ingresos han caído también.
Con estos mimbres, el pleno del Consell aprobará el viernes el Plan de Reequilibrio que debe remitir a Montoro. El plazo para cumplir con Hacienda finaliza el lunes. El plan, una doble exigencia por el déficit de 2011 y al haberse acogido a los créditos del ICO para el pago a proveedores, contendrá la adaptación del presupuesto de 2012 al nuevo escenario. En realidad será un nuevo presupuesto, frente al que aprobaron las Corts en diciembre pasado y que ahora mismo es pura ficción.
Fuentes del Gobierno valenciano señalaron que el plan de viabilidad reformará las cuentas para incorporar los 1.058 millones del decreto ley de medidas para reducir el déficit, aprobado en enero, más los 1.000 millones de recorte en Sanidad y Educación. En total, un mínimo de 2.100 millones de hachazo a las cuentas. Pero no será la única medida ya que el Consell aprobará con toda probabilidad un «acuerdo de no disponibilidad de crédito», que supondría unos 200-300 millones más. El Ejecutivo confirma así las cifras avanzadas en su día por este periódico, cuando adelantó la necesidad de un recorte adicional de unos 1.500 millones, tras descontar los mil del decreto ley. El Consell trató entonces de minimizar el alcance del tijeretazo y el propio Fabra habló de un ajuste adicional de sólo 500 millones. Pero la realidad, con el riesgo de intervención a la vista, ha desbordado las cifras que apuntó el presidente.
Además, el Ejecutivo podría «sacar» de su presupuesto de ingresos el anticipo del Fondo de Competitividad, dotado con 650 millones, y de cuya reclamación a Zapatero convirtió en un auténtico «casus belli». El plan contendrá además propuestas de obtener mayores ingresos elevando la presión fiscal mediante la recuperación del impuesto de patrimonio o, quizá, el de sucesiones y donaciones.
El 50,5 % avala los despidos
Ayer, Císcar, inquirido sobre si no hay «otra salida menos dolorosa» que el drástico ajuste, admitió: «Desgraciadamente, en la situación en que estamos viviendo, no la hay». Para el vicepresidente, estas reformas, con las que se adelgazará la Administración, permitirán que, «cuando salgamos de la crisis, que saldremos, y lleguen otras crisis en el futuro, que llegarán, las podamos soportar con mayor facilidad». Císcar, quien recalcó que «la travesía del desierto es 2012», auguró que a partir del próximo año se verán «síntomas de mejoría» en la economía valenciana.
Así las cosas, el 50,5 % de los valencianos es partidario a la hora de recortar el gasto público de suprimir empresas públicas, de acuerdo con el estudio de la Universidad Internacional de Valenciana (VIU), con la colaboración de Tecel Estudios-Sigma 2, a partir de 1.200 entrevistas telefónicas realizadas entre febrero y marzo de este año. En cambio, un 35,6 % se opone a la supresión y un 13,9 % no opina. Los valencianos son más partidarios que en el conjunto de España de la eliminación de este tipo de entes, ya que, de acuerdo con otro estudio de la VIU, el 49,1 % de los españoles apoyaría la supresión de las empresas públicas.
La Entidad de Saneamiento encarga su propio ERE
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) —en el centro del huracán del escándalo de la depuradora de Pinedo— también se verá afectada por los recortes de plantilla anunciados por el Ejecutivo de Alberto Fabra. La empresa pública, que en la actualidad depende de la Conselleria de Agricultura, cuenta con una plantilla aproximada de medio centenar de personas, según información de la Sindicatura. Según ha podido saber este diario, la dirección de la entidad, que en 2010 acumuló unas pérdidas de más de 24 millones, ha encargado también a una consultora externa un estudio jurídico para iniciar los despidos. Se sigue así el modelo aplicado en RTVV y en el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) empresas donde los ERE son ya una realidad. El Consell quiere tener solventado este proceso antes del verano, lo que evidencia las prisas del Ejecutivo por sanear un sector público que ha acabado siendo un lastre. En paralelo, el Consell trabaja en el diseño de la Corporación pública bajo la cual se agruparán las empresas y fundaciones públicas. La ley de creación de este consorcio —aprobada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2011— abre la puerta a la venta de acciones y bienes de los entes públicos. También se estudia aplicar modelos de gestión privados. La privatización de la gestión de firmas públicas está sobre la mesa del Consell desde antes del verano, con Francisco Camps todavía de presidente. En concreto, se barajaron informes jurídicos para privatizar empresas como la Epsar o Vaersa. La promoción de vivienda pública, que gestiona el IVVSA, también podría ser un foco para atraer capital privado. De hecho, se han producido contactos entre la Generalitat y firmas privadas para estudiar posibles alianzas una vez saneadas las empresas. j. r. valencia
No a que el Tribunal de Cuentas analice las facturas ocultas
El grupo popular tumbó ayer con sus votos en las Corts las peticiones de la oposición para que la Sindicatura de Comptes informe al Tribunal de Cuentas de los 1.343 millones en facturas en los cajones detectados por el órgano fiscalizador al cierre de 2010, así como que el auditor de la Generalitat fiscalice las medidas de ajuste adoptadas por el Consell en 2010, 2011 y 2012. Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, advirtió que la práctica del Consell seguida año tras año de asumir gastos y no contabilizarlos «al no tener crédito presupuestario» puede suponer «el incumplimiento de la Generalitat de la legalidad».
Por su parte, el socialista Julián López reclamó que el Síndic audite la efectividad de las medidas de ahorro y ajuste de la Generalitat. Así, aseguró que en 2010 el ahorro fue nulo, al argumentar que, de los 500 millones de descenso del gasto, unos 250 millones fueron resultado de la rebaja salarial adoptada por el Gobierno central para todos los funcionarios, y los restantes 250, el incremento del volumen de facturas en los cajones durante 2010. «Unas no son decisiones del Consell y las otras no conllevan un recorte real en el gasto; son cosméticas», alertó el parlamentario del PSPV.
El PP, que avaló en la comisión de Economía la auditoría que realizó la Sindicatura sobre las cuentas del Consell en 2010, achacó todos los males de las finanzas valencianas a la herencia de Zapatero. El popular reprochó a la oposición que niegue los esfuerzos que está haciendo el Consell, y la conminó a hacer un ejercicio de responsabilidad. Los socialistas también reclamaban que el Síndic hicieran una auditoría de las subvenciones concedidas a Feria Valencia desde 2009, así como cualquier pago asumido por la Generalitat y originado por la institución ferial. j. g. g. valencia
