El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, aseguró ayer que el Gobierno valenciano despedirá a entre el 40 y el 50 % de los empleados del sector público empresarial valenciano, puesto que actualmente la situación de las empresas públicas es "insostenible". Císcar hizo esta revelación tras reunirse con los grupos parlamentarios para presentar el borrador de la ley de RTVV y explicó que esta reducción se enmarca en el "nuevo modelo de Administración" propuesto por el presidente Alberto Fabra y que obliga a "adelgazar el sector público empresarial". En este sentido, el vicepresidente explicó que la Generalitat pasará de tener 46 empresas públicas, entidades de derecho público o fundaciones, a "aglutinar" todo el sector público empresarial en seis entes.
Los socialistas cifraron en más de 12.000 los empleados de la red de empresas, fundaciones y "chiringuitos" que, en 2011 eran, según la oposición, más de 130. El Ministerio de Economía habló de 118 empresas públicas y fundaciones con participación de la Generalitat. Para la oposición, se trata de una administración paralela en la que la Ley de Contratos se ha vulnerado sistemáticamente en las adjudicaciones y, además, se ha contratado personal a dedo en la mayoría de los casos por afinidad al PP. El vicepresidente Císcar aclaró que la reducción de personal afectará "exclusivamente al sector público empresarial" y no tiene por qué hacerse a través de expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en su totalidad, ya que algunas empresas públicas "se pueden privatizar y los puestos de trabajo pasarían a la empresa privada". Respecto a la filiación política de los empleados, aseguró que el Consell "no está recibiendo ningún tipo de presión para evitar ningún despido" y garantizó que los procesos serán "objetivos y transparentes, atendiendo a las necesidades de cada empresa pública y pensando en la viabilidad".
El portavoz socialista en las Corts, Antonio Torres, señaló que una parte del sector público "es improductiva" y en muchos casos "ha servido única y exclusivamente para propaganda del Gobierno valenciano". A este respecto, el socialista apostó por "eliminar todo lo superfluo" antes de "meter mano a los sectores que son más productivos". En la misma línea, el portavoz de Compromís, Enric Morera, dijo que no deben "pagar justos por pecadores" y hay que echar a los "enchufados".
Esta mañana, José Císcar lamentó que "no hay solución mejor que los despidos" y señaló que la Generalitat trabaja en "un proceso de reestructuración" de su sector público empresarial para "adelgazar la administración, adecuarla a la realidad actual y hacerla mas sostenible".
Buch cifra en 800 millones las ayudas pendientes de pago
Si el plan de pagos facilitado por el Gobierno a las Comunidades Autónomas reveló que el Consell adeuda 4.069 millones de euros a los proveedores, ayer el conseller de Economía, Máximo Buch, destapó la cifra de ayudas y subvenciones pendientes de ser satisfechas por la Generalitat. Concremante habló de 800 millones de euros y destacó que es una "prioridad principal" pagar los atrasos de ayudas de las conselleries. Por eso explicó que en dos meses habrá un plan de pagos. Preguntado sobre si antes de verano se verá saldado el conjunto de los impagos, el conseller aclaró que "lo que no tenemos todavía es un calendario de emisión de deuda, pero cuando lo tengamos podremos anunciar cuál va a ser el plan de pagos".
Las ayudas concedidas por las conselleries por los citados 800 millones se "podrán atender ahora con la emisión de deuda nueva", según. Buch matizado que esta cantidad es "lo que no se ha cubierto con los pagos a proveedores, que ahora está en proceso de ejecución". El plan de reequilibrio que el Consell remitirá al ministro Cristobal Montoro prevé un recorte de al menos 2.100 millones. Levante-emv/ e. press. valencia
